El primer Encuentro Anticarcelario, realizado en Córdoba el sábado último permitió a las organizaciones presentes compartir experiencias y evidenció el estado de indefensión en que se encuentran las personas privadas de su libertad a lo largo del país.
(AnaliaRodriguez- Red Eco) Córdoba- Buenos Aires – Santa Fe – Corrientes – En la Unidad Modelo de Coronda, los reclusos llevan adelante un proyecto de medio de comunicación llamado “Ciudad Interna”. Quienes participan del mismo elaboraron un documento que enviaron al Encuentro que se realizó en Córdoba. Allí manifiestan que “En la provincia de Santa Fe el poder se molesta cuando decimos que dentro de sus chupaderos se está llevando adelante un exterminio masivo y sistemático de seres humanos, pero la realidad es que se molestan porque no tienen cómo justificar tanta tortura y tanta muerte, miles de torturados, más de un centenar de compañeros fallecieron en pocos años y este ha sido el resultado que han arrojado sus cloacas anticonstitucionales”.
Las prácticas abusivas, asesinatos y tormentos sistemáticos; los malos tratos que sufren las personas que van a visitar a sus familiares y la ausencia de control sobre el personal permitieron dar cuenta a los concurrentes al encuentro de la necesitad de avanzar en una coordinación anticarcelaria a nivel nacional.
Esta semana una de las organizaciones presentes, La Cantora, denunció que le prohibieron la entrada a la reunión que se llevó a cabo en la Unidad Penal Nº 9 entre organizaciones de DD.HH. y delgados de los distintos pabellones en huelga de hambre desde el 18 de marzo pasado. Si bien La Cantora fue la organización elegida por los detenidos para actuar como mediadora desde que se inició la protesta, el Subdirector de la Unidad 9, Martín Fernández Bustos, informó a sus integrantes que por orden del Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, el fiscal Javier Mendoza, y del Ministro de Justicia de la Provincia, Ricardo Casal, no podían entrar a reunirse con los huelguistas. La situación tuvo lugar al ingreso de la Unidad, frente a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Comité Contra la Tortura, quienes sí tuvieron la posibilidad de dialogar con los detenidos.
Dado que esta organización intervino en la difusión de la protesta, el reclamo por el mejoramiento de las condiciones de detención, la denuncia por los sistemáticos traslados sufridos por los huelguistas, la comunicación con las demás organizaciones mediadoras y las negociaciones con el gobierno, sus miembros expresaron que esta prohibición de ingreso sin argumentos se trató de una provocación hacia los huelguistas que a pesar del hostigamiento que padecen desde que iniciaron la medida, a pesar de que muchos fueron trasladados y confinados en celdas de aislamiento, y a pesar de no haber recibido controles ni atención médica, mantienen el reclamo de manera pacífica.
El lunes, el Ministro de Justicia Ricardo Casal se presentó en la unidad penal sin previo aviso y pidió reunirse con los huelguistas. Casal entregó a los detenidos un proyecto de modificación de lo que se conoce como "informe criminológico", que permanece bajo la responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonarense,  lo que provoca retrocesos en el proceso de ejecución de la pena. A su vez, diputados provinciales informaron que trabajan en proyectos de ley que involucran varios puntos de su petitorio.
Por otro lado y en la misma línea, los reclusos de los penales nº 1 y nº 6 de Corrientes suspendieron por 15 días la huelga de hambre que mantenían, luego que el subsecretario de gobierno realizara una inspección ocular en las cárceles y, en reunión con los delegados de los reclusos, comunicara que atendería a cada uno de los reclamos presentados.
Los detenidos demandaban un mejor trato y consideración con las visitas que reciben periódicamente dado que deben permanecen horas y horas de espera antes de ingresar al penal a ver a sus familiares y una aceleración de las causas judiciales. 
El penal nº 1 y la unidad carcelaria nº 6 son las que más población penitenciaria concentran en la provincia. Sólo la primera encierra a más de 600 personas en instalaciones para 180.
A su vez, los familiares de personas recluidas en la cárcel modelo de Coronda denunciaron el maltrato físico y psicológico que sufren durante las requisas, las cuales se llevan a cabo de manera inadecuada, violenta y en muchos casos con faltas a la moral de los visitantes y el robo de objetos personales por parte del personal de la unidad penitenciaria.
Ante esta situación los reclusos solicitaron la presencia de las autoridades de la Dirección General de Institutos Penales y la intervención de los organismos civiles de Derechos Humanos durante los días de visita para que lleven un control del personal a cargo de las requisas.
Esta es la cotidianeidad de miles de personas privadas de su libertad, como lo manifiesta el documento elaborado por  la Comisión "Estado, Pena, Castigo" que funcionó durante el encuentro realizado el sábado. En él los participantes manifestaron: “Las cárceles son centros de tortura, represión y exterminio, constituyen una parte del aparato represivo para defensa de los intereses de la clase dominante. Los asesinatos y tormentos sistemáticos en los sitios de encierro descargadas sobre seres humanos indefensos; la ausencia de control por la llamada justicia convierten a las prisiones argentinas en reales campos de concentración y muerte”.
Fuentes: Ciudad Interna – La Cantora – Agencia Walsh – Momarandu

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