Represores condenados en Salta y Rosario, y juzgados en La Plata. Mientras, en Entre Ríos atentan contra una abogada defensora de derechos humanos y en Rafaela la familia de Silvia Suppo reclama una investigación convincente.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Justicias. Organismos de derechos humanos realizaron una vigilia desde ayer a la noche a la espera de la sentencia que este mediodía dio a conocer el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario. El aguante valió la pena. El Tribunal condenó a los represores Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Constanzo (los dos últimos agentes civiles de inteligencia militar) a prisión perpetua en cárcel común e inhibición absoluta por “delitos de lesa humanidad” (torturas, amenazas, desaparición y privación ilegítima de la libertad).
La respuesta de las agrupaciones fue unánime. Manifestaron su alegría por este fallo al que calificaron como histórico y ejemplar.
También hubo sentencia en Salta. En el primer juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en la provincia, el Tribunal Oral Federal condenó a los militares retirados Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gastón Zírpolo a 20 años de prisión por “homicidio simple y privación ilegítima de la libertad”. Es por el secuestro y desaparición de Aldo Melitón Bustos, ocurrido el 2 de febrero de 1978 en Tartagal. Representantes de distintas organizaciones de Derechos Humanos destacaron la importancia de este fallo ya que afirmaron crea un precedente para próximas causas.
En tanto, en La Plata el Tribunal Federal Nº 1 comenzó a juzgar a catorce agentes penitenciarios (carceleros y médicos), que actuaron durante la última dictadura en la Unidad 9, que funcionó como Centro Clandestino de Detención dentro del Circuito Camps. Aunque suman cientos los casos que serán tratados en este juicio, son tan solo una parte de los que se corresponden a ese CCD, ya que por allí pasaron 1500 compañeros. A su vez, los represores que actuaron en la U9 fueron muchos más que los catorce que aquí se juzgan. (Ver galería de fotos)
Injusticias
Esta semana, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al ex agente civil de inteligencia del Ejército, Horacio Américo “Quique” Barcos a prisión efectiva por el secuestro de Amalia Ricotti y Alberto Tur, ocurridos en mayo de 1978.
Aunque fue hallado culpable, Barcos solo fue condenado a 11 años de cárcel (que se transforman en 15 ya que se le sumó una sentencia anterior por un hecho de extorsión). La ley contempla como máxima condena para los delitos contra la humanidad 25 años. Así, un represor espía del Ejército, responsable de secuestros y torturas, señalado como “uno de los pesados”, estará preso, si cumple la totalidad de la condena, tan solo 15 años.
Estas sentencias dan cuenta de la connivencia de algunos jueces con los responsables de los crímenes de la última dictadura. Esta relación genera que muchos genocidas estén en libertad o con posibilidad de seguir actuando y amenazando. Claro ejemplo es el atentado que sufrió la abogada María Isabel Caccioppoli en su estudio de la localidad entrerriana de Paraná. Desconocidos ingresaron e hicieron destrozos en el lugar. Quemaron, además, documentación. De todos modos, Caccioppoli aclaró que no se perdió información valiosa, debido a que había sido entregada en el Juzgado Federal la semana pasada. La letrada, que lleva adelante varias causas contra represores de la dictadura, vinculó lo sucedido con un alto funcionario de la Policía Federal, José Darío Mazzaferri, acusado de haber participado de un grupo de tareas que secuestró y torturó a militantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal. Actualmente, Mazzaferri está prófugo. Será necesaria una investigación certera para dar con los responsables de este atentado.
Investigación certera y convincente es lo que también reclaman los hijos de Silvia Suppo, secuestrada durante la última dictadura, testigo en la causa Brussa, y asesinada de nueve puñaladas el pasado 29 de marzo. Andrés y Marina aseguraron que sostendrán la hipótesis del asesinato político hasta que la justicia les demuestre lo contrario. Lo concreto es que aunque hay dos jóvenes detenidos que confesaron haber cometido el crimen tras un intento de robo, varios datos indican que podría haber algo detrás. Los detenidos afirmaron que asesinaron a Silvia en la parte de adelante del comercio, y que luego la arrastraron hasta detrás del mostrador, pero no había manchas de sangre en ese trayecto. También señalaron que la mataron porque se resistió al robo, pero la autopsia reveló que no había heridas ni cortes en manos y brazos que indicaran que Silvia se había defendido. Los abogados de la familia de Suppo denunciaron que la escena del crimen fue rápidamente contaminada al no haberse vallado convenientemente el lugar, y señalaron la rapidez con que la policía intenta cerrar la causa.
Ante estas irregularidades en la investigación, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una marcha para el martes 20 de Abril, a la 17.30, que irá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo. Allí se exigirá no solo el esclarecimiento del asesinato de Silvia sino también el de la desaparición de Jorge Julio López.
Fuentes: Primera Fuente / Notife / Justicia Ya! La Plata / InfoAlternativa / Diario del Sur.