Lo hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Formosa en relación a la situación judicial del genocida Horacio Rafael Domato, quien en 2016 fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la liberad agravada y tormentos agravados seguidos de muerte.
Desde la APDH regional Formosa expresaron: “Las características y gravedad de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Domato no constituyeron un obstáculo para que el Tribunal Oral Federal otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, sin la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico y pese a la tenaz oposición de las querellas (…). El aparato represor del que formó parte Domato se orientó a aniquilar a importantes sectores de la población a través de la práctica constante de las desapariciones, las torturas, las violaciones, los asesinatos, los secuestros de niños/as y la desintegración familiar, y dentro del plan sistemático de aniquilación, la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres detenidas a través de la tortura, el abuso, la violación, no fueron sucesos aislados u ocasionales sino que constituyeron prácticas sistemáticas, destinada a imponer un ‘disciplinamiento de género’, desarrollando un particular ensañamiento sobre quienes eran consideradas doblemente transgresoras, tanto de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar como del orden social que se debía conservar con la vigencia de ese aliado histórico y fundamental del capitalismo, que es el patriarcado”.
En ese sentido, señalaron: “El ataque a la integridad sexual denunciado por la trabajadora sólo podrá comprenderse y magnificar desde una visión histórica, material y estructural, por lo cual resulta imperativo una respuesta estatal a la luz de la obligación internacional de investigación y de juzgamiento de las violencias basadas en el género, conforme a la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém Do Pará’ de jerarquía constitucional por imperio del art. 75, inc. 22 de la C.N, razón por la cual los Organismos de Derechos Humanos exigiremos se revoque el beneficio de prisión domiciliaria de manera inmediata”.
“Decimos nunca más a la la violencia machista, sexista y patriarcal. Nunca más el silencio. El mejor lugar para un genocida es la cárcel”, finalizaron.
