El miércoles 21 de julio habrá un nuevo paro en el Hospital Garrahan desde las 7 de la mañana. En este marco, los trabajadores y las trabajadoras se movilizarán a partir de las 9 desde las puertas del Hospital, ubicado en Combate de los Pozos 1881, hacia la sede del Ministerio de Salud de la Nación, en Moreno y Lima. Las medidas fueron resueltas en una asamblea general tras cinco paros en la semana y cuatro en el turno franquero.
Los trabajadores y las trabajadoras denuncian que el Consejo de Administración, integrado por cinco funcionarios nombrados por los gobiernos de Nación y Ciudad, no ha concedido una sola reunión o propuesta para destrabar el conflicto.
Los reclamos siguen siendo un incremento salarial del 50% en una sola cuota con actualización según inflación, un mínimo igual al costo de la canasta familiar (en 103.000 pesos), el reconocimiento de la Insalubridad y el pase a planta de contratos y tercerizadas.
“En vez de ofrecer algo vinculado con estos reclamos, el Consejo de Administración amenazó con sanciones y descuentos que vulneran el constitucional derecho a huelga. Frente a eso, estamos organizando un fondo solidario de lucha. También hay numerosos reclamos sectoriales sin respuesta dentro del Hospital, desde el 20% para áreas de Covid y Emergencias hasta el área cerrada para el Quirófano, por nombrar algunos ejemplos. Somos las y los trabajadores del hospital quienes estuvimos en primera línea en medio de la pandemia a lo largo de este último año, y lo hemos hecho incluso con salarios por debajo del costo de la canasta de pobreza y en condiciones laborales completamente precarias. La ‘esencialidad’ definida por el gobierno a la tarea del personal de salud omite que nuestros salarios también son esenciales, tanto para nosotros como nuestras familias”, expresaron los trabajadores y las trabajadoras.
Denuncian además que se han producido cuatro ataques a vehículos de trabajadoras que estaban participando del paro, particularmente de la Comisión de Insalubridad: “Los ataques a cubiertas -con tajos, robo de tuercas y desinfladas intencionales- no solo tienen costo económico, sino que representan un grave atentado contra la integridad de las personas. El Consejo es responsable de garantizar la seguridad de las y los trabajadores, pero hasta el momento no abrió la boca sobre este hecho aberrante. Exigimos a la ministra Vizotti que se de una respuesta satisfactoria al reclamo de los trabajadores de Salud, quienes estamos en primera línea enfrentando la pandemia del COVID”.
Contactos: Josmar Flores 11-3107-3932 / Pino Oroz 11-6413-9343 / Ivone Malla 221-617-5841.
