El lunes 12 de abril comienza el juicio a la Unidad 9 en La Plata. Tendrá lugar todos los lunes y martes durante cuatro meses, en 4 e 51 y 53. La U9, ubicada 76 entre 9 y 11 en La Plata fue uno de los 12 centros clandestinos de detención del Circuito Camps. Funcionó como CCD entre 1976 y 1983, alojaba detenidos políticos desde 1973.

Comunicado de Justicia YA! e HIJOS La Plata:

Se inicia el Juicio a los represores de la Unidad 9

La Unidad 9: Calle 76 e/9 y 11 (CP 1900) – La Plata
Inaugurada el 21 de septiembre de 1960, responde al sistema denominado "espina dorsal", que cuenta con un corredor central donde se encuentran los patios y, en forma paralela, los pabellones. Funcionó como centro Clandestino de Detención en coordinación con el resto de los CCD del Circuito Camps entre 1976 y 1983. Alojaba detenidos políticos desde 1973.
La causa por los delitos cometidos en la U 9 fue iniciada en abril del 2002 por el ex fiscal del Juicio por la Verdad , Félix Crous, quien luego de examinar los testimonios de ese proceso judicial radicó la denuncia penal ante el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata , Humberto Blanco. Este magistrado se declaró incompetente para intervenir y remitió el expediente a su par porteño Rodolfo Canicoba Corral. En Buenos Aires, la causa no registró movimiento hasta que en febrero de 2003 la APDH La Plata se presentó como querellante y le pidió a Canicoba que decline su competencia. El juez porteño acogió el pedido de este organismo y devolvió la causa a Blanco, que la trasladó a los fiscales Molina y Dulau Dumm para que realicen el requerimiento de instrucción.

Hechos:
– Requisa del 13 de diciembre de 1976.
– Homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y ángel Georgiadis y privación ilegitima de la libertad de Julio César Urien.
-Tormentos seguidos de muerte en perjuicio de Marcos Ibáñez.
– Privación ilegítima de la libertad de Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Domínguez.
– Homicidio de Juan Carlos Deghi.
-Tormentos seguidos de muerte en perjuicio de Alberto Pinto.
– Privación ilegítima de la libertad de Horacio Alejandro Micucci, Juan Destéfano y Juan Amadeo Gramano.
– Torturas (35 casos):
1) David Andenmatten fs 547/ 552.
2) Carlos Martin Bettiol fs 771/ 773.
3) Ricardo Enrique Strezelecki fs. 784/ 787.
4) Ricardo Victorino Molina fs 1181/1182.
5) Guillermo Benitez Martinez Agüero fs. 3354/3356
6) Atilio Gustavo Calotti Fs 3306/ 3307.
7) German Carlos Ojeda fs 3041/3042.
8) Juan Miguel Scatolini (fs. 1499/1502).
9) Jorge Antonio Capella (fs. 1627/1628).
10) Horacio García Gerboles fs 1629/1631.
11) Julio César Mogordoy (fs. 229/231, 1673/1675).
12) Gabriel Manera Johnson (fs. 1680/1683).
13) Javier Marcelino Herrera. Fs 1756/1757.
14) Dalmiro Ismael Suárez (fs. 1688/1690).
15) Carlos Alberto Martínez (fs. 1691/1693).
16) Alberto Clodomiro Elizalde Leal (fs. 1724/1726).
17) Eduardo Horacio Yazbeck Jozami (fs. 1728/1729).
18) Luis Aníbal Rivadeneira (fs. 1740/1742).
19) Carlos Fernando Galansky Koper (fs. 1752/1755).
20) Eduardo Alfredo Anguita fs 1762/ 1764.
21) Guillermo Ernesto Mogilner (fs. 1783/1785).
22) Carlos Anibal Paez (Fs. 3691).
23) Francisco Virgilio Gutierrez, (Fs. 1190/1192).
24) José Demetrio Brontes, (Fs 1634/ 1636).
25) Ernesto Fernando Villanueva (Fs 1506/1507)
26) Eduardo Torres (Fs. 1900/1902)
27) Carlos Alberto Álvarez (Fs 1788/1794).
28) Omar Aníbal Dousdebes, (Fs 1803/1805).
29) Tejada, (Fs, 1456)
30) Benjamín Aquez, (Fs, 1416)
31) Pardini, (Fs, 1462)
32) Carlos Gutierrez, (Fs 998/1000).
33) Juan Carlos Stremi.
34) Américo Horacio Piccinini
35) Oscar Alfredo Fernandez Causa 927/SU.

Compañeros asesinados y desaparecidos Unidad 9
Dardo Cabo
Roberto Pirles
Angel Georgiadis
Horacio Rapaport
Gonzalo Carranza
Guillermo Segalli
Juan Pettigiani
Miguel Dominguez
Rafael La Sala
Alberto Pinto
Marcos Ibañez
Juan Deghi

Familiares desaparecidos Unidad 9
Ramona Esther Gastiazoro de Brontes
Olga Lutiral
Nora Suarez
Omar Suarez
Delia Aviles de Elizalde Leal
Sofía Elizalde
Felipe Elizalde
Cristina Constantini
Matilde Vara
Sofía Ester Galansky "Sonia"
Pedro Alcides García
María Luz Martínez
Alberto Braicovich
Santiago Villanueva
Diana Conde
María Angela Elena Gassman

JORGE JULIO LOPEZ – Unidad 9
En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaria 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en abril del ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79.
Detenido en Comisaría 8va, le informan en marzo del 77 que es legalizado ante el PEN. Es trasladado junto con Julio Mayor y la mujer de éste, y un tal “Mochi” o “Molli” a la Brigada de Investigaciones, y luego a Olmos para alojar a las mujeres, y finalmente a Unidad 9 los varones. En el traslado reconoce a un tal Jorge Ponce como chofer, al cual había reconocido como partícipe de su secuestro en 1976, y como vecino de su barrio.
En unidad 9 es alojado en el Pabellón 16 y luego en una celda de castigo. Allí reconoce al “gangoso” al que había reconocido en el Pozo de Arana como asesino material de Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco y Norberto Rodas.
Sus valientes y lucidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata. Sus dos testimonios fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua al genocida Etchecolatz, uno de los peores represores de la Bonaerense del coronel Camps.
Fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo. El caso López fue dejado de lado tanto en la causa de Unidad 9, como en la de Comisaría 5ta, hecho que confirma lo que venimos denunciando.
Actualmente, en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense el 70 % de los detenidos, en su mayoría pobres y excluidos, se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y sin alternativas de reinserción social.
En esta misma Unidad 9 que ayer sirvió de centro clandestino de detención y hoy perpetúa la impunidad manteniendo en terribles condiciones de vida a los presos allí alojados, se inició el 18 de Marzo una huelga de hambre. A esta se sumaron más de 1300 presos de distintas cárceles del conurbano bonaerense y penales federales: la 45 de Melchor Romero, la 21 de Campana, Olmos, Varela, Marcos Paz, Ezeiza, Devoto.
El petitorio reclama la agilización de los trámites o sanción al estado por no brindar el servicio de justicia en tiempo y forma, instaurando el derogado dos por uno. Asimismo se solicita la unificación de criterios en política criminal, dado que en el ámbito de provincia de Bs As y Nación existen distintas leyes de forma que atentan contra el principio de igualdad. La protesta se perfila a crear una mesa de diálogo entre detenidos y representantes de los tres poderes, para encontrar una solución.
Un muerto es el primer y triste saldo de la huelga, además de falta de controles sanitarios, traslados sucesivos, maltratos y torturas. Y sumado a ello, la gran inconformidad existente por parte de los detenidos y parte de la sociedad en general en cuanto al Código Penal y ciertas normas jurídicas.
Desde Olmos y Varela ya fueron trasladados varios huelguistas, algunos de ellos, además, estudiantes universitarios. El mecanismo consiste en sacar de los pabellones a los que firmaron el petitorio y a los que hacen huelga y llevarlos a celdas de aislamiento, a "buzones" de diversos penales. Los dejan ahí un día y los vuelven a trasladar a los buzones de otro penal. Los primeros trasladados fueron 4 estudiantes de periodismo de la U. 9, después también se le sumaron 5 estudiantes del Centro Universitario de la Unidad 45 de Melchor Romero, porque empezaban a debatir el tema de la medida de fuerza.
Por todo esto denunciamos la continuidad de la impunidad que reina en el aparato represivo del Estado, en este caso en su sistema penitenciario.

En cuanto al Estado General de los juicios al día de hoy 64 genocidas fueron condenados, otros tantos están siendo juzgados en todo el país, y 634 más ya están procesados.

Es imprescindible señalar:
– que el 10% de los genocidas juzgados fueron absueltos de culpa y cargo
– que 39 represores se encuentran prófugos desde hace años
– que todos los condenados y todos los procesados lo están por un número de víctimas mucho menor al que les corresponde
– que continúan existiendo cárceles de lujo, y que muchos de los procesados están en libertad o gozan de prisión domiciliaria
– Pero sobre todo, y con mucha bronca, seguimos denunciando que a casi 7 años de anuladas las leyes de impunidad, la cantidad de procesados es igual a la cantidad de campos de concentración que existieron en nuestro país. Casi 7 años, apenas 1 represor por campo.
– Por un lado, cientos de causas están literalmente paralizadas –en particular en el interior del país- debido a que muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas y no quieren ni juzgarlos ni condenarlos. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.
– Por otra parte, aún los jueces y fiscales que pregonan su voluntad de hacer justicia, sólo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y torturaban.
– Tampoco la Secretaría de DDHH aporta a las causas los listados de personal de esos centros que tiene el Estado en sus archivos, ni impulsa el procesamiento de todos, ni denuncia a los fiscales y jueces que demoran las causas.
– Así mismo, durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de genocidas, sólo unos pocos están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el Estado argentino. Pero la investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.
– Por todo esto denunciamos que no existe en muchos sectores del poder político una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio.

-JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS
-JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS
-CARCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS REPRESORES
-JUICIO POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN
-RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
-JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA, LUCIANO GONZALEZ Y DEMÁS DESAPARECIDOS EN "DEMOCRACIA"
-ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO.

HIJOS LA PLATA