Presos de diferentes unidades penales de todo el país llevan adelante una protesta, a la que el Servicio Penitenciario responde con golpes, traslados y aislamientos.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Miles de presos llevan adelante esta medida desde el 18 de marzo. Los reclamos son muchos, las respuestas nulas.
Todo comenzó en los pabellones universitarios y de trabajadores de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata. Luego se fueron sumando las Unidades 21 de Campana, 45 de Melchor Romero, 1 de Olmos, 8 y 46 de mujeres, la de Marcos Paz, el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (ex Unidad Nº 2 “Devoto”), entre otros.
En el documento petitorio presentado por los presos se exige la “derogación o inaplicabilidad de la ley que derogó el 2×1; derogación del artículo 14 del Código Penal, en cuanto a que se les permita a los reincidentes el derecho a la libertad condicional; y la modificación de los artículos 5 y 6 en cuanto a la derogación de las penas a perpetuidad (prisión perpetua y reclusión perpetua)”. Además reclaman la modificación de la ley que acota y limita las excarcelaciones, que se fije un plazo razonable de la prisión preventiva (tres años y seis meses), la modificación de la ley 13.943 que limita las excarcelaciones y alternativas a la prisión preventivas a personas enfermas y embarazadas, y la unificación de los criterios para la interpretación de los informes criminológicos que les realizan para acceder a los derechos y beneficios de las leyes de ejecución.
Al respecto, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) afirmaron que basta ver que “más del 70% de los detenidos no están condenados, y que, de ese total, cuatro de cada diez serán absueltos, según las estadísticas oficiales, para comprender la justeza de ese reclamo”.
Pero el efecto de la huelga en los agentes del Servicio Penitenciario (SP) no fue el de traer soluciones, sino represalias. Particularmente a través de traslados.
Horas antes de que la huelga comenzara, cuatro detenidos que participaban de la difusión de la protesta próxima a iniciarse fueron sacados de la Unidad 9. Uno de ellos, fue trasladado a la Unidad 30 de General Alvear, a más de 230 kilómetros. Otro fue llevado primero a la Unidad 21 de Campana, luego a la 28 de Magdalena, a la 6 de Dolores y finalmente a Junín, Provincia de Buenos Aires.
Con el correr de los días, aquellos que firmaron el petitorio fueron sacados de sus pabellones y llevados a celdas de aislamiento de otros penales. Es más, se presentó un hábeas corpus colectivo por un grupo de 12 detenidos, en el que se solicitaba que cesara esta metodología como represalia a la huelga. Pero los traslados continuaron y continúan a más de 25 días de iniciada la protesta.
Como si esto fuera poco, los penitenciarios de la Unidad 9 optaron por sacar a los detenidos al patio a las cuatro de la mañana para obligarlos a firmar un acta que los hacía responsables de lo que les ocurriese durante el reclamo.
A su vez, en ninguno de los penales, las autoridades del Servicio Penitenciario realizaron los controles médicos y sanitarios que corresponden en casos de huelga de hambre.
Además, hace pocos días se conoció el fallecimiento de Rubén Terzagui, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Rubén tenía VIH – SIDA y fue internado en un primer momento en el Hospital San Juan de Dios, ante el visible deterioro de su salud. Pero a los pocos días, y sin mayor explicación, fue devuelto a la Unidad Sanitaria N°22, en donde tras no ser atendido como su situación lo merecía, murió el 28 de marzo pasado.
Desde el SP aseguraron que “el fallecimiento se debió a una enfermedad crónica, como consecuencia del mal estado general del paciente, ante el grave cuadro de la enfermedad crónica terminal que lo afectaba”, ni una mención a la falta de atención ni a las pésimas condiciones en las que debía vivir.
Los malos tratos en las cárceles del país no son tema nuevo. Es ya cotidiano escuchar casos de presos que aparecen en sus celdas “suicidados”. El domingo pasado se cumplió un mes de la muerte de Matías Pena, quien el 4 de marzo había sido detenido tras un supuesto altercado en un bar. Cuarenta minutos después apareció ahorcado con su remera en el calabozo de la comisaría 2da de Lanús.
Hoy se cumplen dos años de la muerte de Antonio Peloso Iturri, que estaba preso en la Prisión Regional del Sur (Unidad 9) de la provincia de Neuquén. Lo mataron las patadas y golpes de 15 penitenciarios que recién ahora serán llevados a indagatoria.
Los maltratos en cárceles de todo el país es continuo, y las políticas y medidas que desde el Estado se toman, si es que existen, claramente no sirven.
Fuente: La Cantora / ONG Rompiendo Muros / Correpi / Agencia Walsh
