Los trabajadores de los medios que el grupo tiene en Rosario están de paro por tiempo indeterminado como medida para que sean reincorporados los más de 20 despedidos de LT3 y LT8. Las empresas, propiedad de Vila y Manzano, pretenden unificar redacciones. De esta forma, los empresarios que fervientemente se oponen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual agudizan la concentración informativa y la precariedad laboral.
(Celeste Neyra- Red Eco) Santa Fe- El diario La Capital de Rosario hoy no está en la calle. Los trabajadores no lo editaron como medida de protesta por los despidos de sus compañeros del mismo grupo de medios. Además, por la fuerza y solidaridad de los canillitas tampoco se distribuyó la edición de emergencia que emitieron sus directivos con cables de noticias.
Algo similar sucedió con las radios de Rosario. La concentración económica de los medios se vio reflejada en el silencio que se produjo el miércoles a la mañana cuando los trabajadores del grupo de Daniel Vila y José Luis Manzano realizaron un paro que acalló a las principales radios del lugar.
El martes, luego de que llegaran los telegramas de despido, la alerta recorrió las redacciones y los sindicatos y a la tarde una manifestación recorrió las calles entre la radio LT8 y el diario La Capital. Al día siguiente el Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria en el conflicto, sin embargo el grupo no la acató, por lo que los trabajadores volvieron al paro.
El argumento de los empresarios en estos casos es “optimizar recursos”. En la práctica esto implica que un mismo periodista haga una nota en video, escrita y para radio. Así, con el mismo material cubren espacio en todos sus medios. Esta misma problemática provocó manifestaciones en 2008 cuando el Grupo Clarín la implementó y hoy es posible encontrar sus resultados al hacer un paneo por sus medios.
Sin embargo, cuando la situación se profundizaba y la discusión sobre la homogeneidad de la información se hacía más necesaria que nunca, la pelea por una nueva ley que reemplazará a la de Radiodifusión ocupó la agenda. Vila y Manzano no se quedaron atrás, participan como uno de los principales opositores a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De hecho la jueza federal mendocina Olga Pura de Arrabal, que suspendió la ley mediante una medida cautelar, es la misma que favoreció al grupo de Vila y Manzano al ordenar que Canal 7 cortara las transmisiones de su repetidora en San Rafael. Ahora queda saber si la Corte Suprema de Justicia de la Nación acepta revisar la medida de la jueza mendocina (puesto que al ser una cautelar puede no hacerlo), de lo contrario la ley quedará suspendida.
En este marco, el segundo multimedio más grande del país vuelve sobre la estrategia de “integrar” redacciones. Otra forma de asegurarse incrementar su rentabilidad a costa de los trabajadores, homogeneizando contenidos y deteriorando las condiciones laborales.