Los organismos de DDHH provinciales piden que se envíen el 23 de marzo próximo un mail a los jueces que suspendieron el juicio por delitos de lesa humanidad que debía haber comenzado el 11 de marzo, reclamando por su pronta realización. El texto a enviar es “A 34 años del genocidio nos sumamos y solidarizamos con quienes reclaman Juisticia Ya en Mendoza!”. Y los correos electrónicos de los magistrados: otilio.romano@pjn.gov.ar / alfredo.lopez@pjn.gov.ar / julio.petra@pjn.gov.ar / walter.bento@pjn.gov.ar
El 11 de marzo debía empezar la etapa oral de los procesos contra los represores en Mendoza.
Entre las causas estaban  la del periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo, y su mujer Alicia Raboy, la de la estudiante Lidia De Marinis, Juan Antonio Gutiérrez, María Luisa Alvarado Cruz y los hermanos Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca.
Entre los represores imputados, el ex  jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el ex general Luciano Benjamín Menéndez; el coronel Tamer Yapar, interventor durante la dictadura; el ex jefe de Inteligencia de Ejército Paulino Enrique Furio; el ex general Mario Lépori (subjefe de la zona 33 y responsable de los centros clandestinos de detención); los comisarios retirados Eberto Villegas, Juan Oyarzábal (segundo jefe del Departamento de Inteligencia de Investigaciones de la Policía de Mendoza), Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda; el sargento Celustiano Lucero, y el oficial de la Policía de Mendoza Luis Alberto Rodríguez Vázquez. En la lista también se encontraba el ex jefe de la División de Inteligencia G2 del Comando de la VIII Brigada, Orlando Dopazo, que falleció recientemente.
Pero los abogados defensores, Daniel Pirello y Andrea Durante, presentaron una recusación para apartar al juez Juan Antonio González Mecías, del Tribunal Oral N° 1 (que se completa con los camaristas Héctor Cortés y Alejandro Piña).
El argumento fue que el magistrado ya había tenido “anteriores actuaciones en causas conexas”. Organismos de derechos humanos presentaron un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal explicando que el juez Mecías no intervino en ninguna de las causas elevadas a juicio.
Pero la Cámara aceptó la presentación de los abogados y hasta podría declarar nulo todo lo actuado hasta el momento. Esto postergaría por tiempo indefinido el inicio de las audiencias.
Los organismos de derechos humanos de la provincia convocan, además, a la marcha que se realizará el 24 de marzo, a partir de las 18.30, en el Km 0 y que concluirá frente a Tribunales Federales de Mendoza.