Graciela Flores, trabajadora de ATE en el Centro de Inclusión Transitoria “Niño Jesús” dependiente del Ministerio de Desarrollo de Salta, fue asesinada a manos de su ex pareja en la calle y a media cuadra de una comisaría. “En la Provincia de Salta, la situación de violencia contra las mujeres es gravísima”, advirtieron organizaciones locales.
“Previo al 1 de enero, cuando Graciela Flores se dirigía a su trabajo, fue ataca por quien fuera su pareja y del que estaba separada hace más de un año. Aún cuando un grupo de vecinos acudió en su ayuda, no pudo evitar que Graciela fuera gravemente herida con un arma blanca”, relató Nelly Sánchez, secretaria de Géneros de CTAA Salta, en diálogo con la Agencia ACTA-CTA.
“Quizás el hecho de que el crimen contra Graciela se produjo a media cuadra de la comisaría y a pocos metros de llegar a su trabajo, da cuenta de la situación de desprotección de las mujeres”, agregó.
Graciela fue internada en estado gravísimo en el policlínico San Bernardo y falleció en la madrugada del 1 de enero. Tenía 4 hijos y dos nietos.
“Es preocupante la situación de las mujeres en la provincia (…) Nosotras venimos realizando muchas acciones reclamando que se declare la emergencia de género a nivel nacional porque estamos en una de las provincias que tienen más cantidad de femicidios”, expresó Sánchez.
Desde la CTAA Salta lanzaron una iniciativa de movilizar en pedido de Justica y acompañar el reclamo de declaración de la Emergencia Nacional por Violencia de Género, para lo que se convocó a una marcha junto a organizaciones populares salteñas. La Central además se contactó con las autoridades del área donde se despeñaba Graciela y se logró la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial.
En tanto, la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros, Silvia León, expresó: “Exigimos justicia por Graciela Flores y por todas las compañeras asesinadas. Queremos políticas públicas integrales, efectivas de prevención y protección de las mujeres y diversidades (…). La violencia de género, en el contexto de la pandemia, se agravó. Una de las deudas de la democracia es la poca o nula efectividad de las fuerzas de seguridad y de los gobiernos locales de hacerse cargo de proteger a las mujeres y diversidades en situación de violencia”.
