Esta semana se presentó por tercera vez el proyecto para una nueva Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), elaborada de manera federal y colectiva por más de 40 redes de organizaciones de todo el país, nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH. Red Eco Alternativo

(Rede Eco) Argentina – La iniciativa está centrada en una perspectiva de derechos humanos y géneros y pretende modificar la mirada biomédica de la ley 23.798, que ya cumplió treinta años.

El proyecto ya fue presentado en dos oportunidades en el Congreso, pero no fue tratado y perdió estado parlamentario. De todos modos, esta es la primera vez que el proyecto incluye a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual.

En Argentina, 600 mil personas podrían tener hepatitis C, pero más del 50% no está diagnosticada. Según datos del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en 2017 fallecieron 6 mil personas por no acceder a la cura. Hay 10 mil casos anuales de tuberculosis y el 18% se da en menores de 20 años.

“Los casos de sífilis congénita han aumentado y eso habla de la falta de controles y de acceso a la salud durante el embarazo”, expresó María Eugenia De Feo, integrante de Fundación HCV.

La iniciativa apunta a la participación de la sociedad civil, en particular las personas afectadas por VIH, hepatitis virales y sobrevivientes de la tuberculosis, como actores clave en la respuesta al VIH: “El mundo enfrenta de nuevo una pandemia que crea inequidades en materia de acceso a servicios, vulnerabilidades y salud. La sociedad civil tiene que asumir de nuevo el protagonismo de movilizar a las comunidades, parlamentos y liderazgos políticos”, señaló Alberto Stella, director de ONUSIDA.

Hernán Vidales, activista de RAP+30, agregó que el proyecto fue redactado con una perspectiva interseccional, de derechos humanos y diversa, y agregó que también incluye a quienes ejercen el trabajo sexual, las personas trans, travestis y de géneros no binarios, que en su mayoría se atienden en el sistema público de salud y viven en situaciones “de extrema vulnerabilidad”.

En tanto, la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Romina Del Pla manifestó: “Me preocupa la reaparición de enfermedades que estaban controladas, como la tuberculosis, que tienen relación directa con el avance de la pobreza y ciertas situaciones de deterioro de las condiciones de vida de la población”. En este sentido, agregó: “Necesitamos que, una vez aprobada la ley, se aplique en todos sus niveles, para que los sectores antiderechos no puedan interrumpir su ejecución”

“Hace 30 años soñábamos con que, a esta altura de la pandemia de VIH, ya tendríamos la cura. Queremos que la ley sea ese sur que marca el norte. El capítulo 3 propone iniciativas para mujeres y personas con capacidad de gestar. Queremos que no vuelvan a atravesar situaciones de violencia durante sus partos”, agregó Mariana Iácono, de ICW Argentina. 

El nuevo proyecto propone un espacio de transición entre la atención pediátrica y la clínica adulta, con especial énfasis en personas que nacieron con transmisión vertical. “La ley busca dar una respuesta integral a quienes vivimos con el virus y que podamos tener una calidad de vida digna”, enfatizó Emir Franco, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP).

Además, el proyecto pretende declarar de interés público la investigación y desarrollo de tecnologías locales para la producción pública nacional de medicamentos e insumos.

“Desde la primera vez que presentamos el proyecto hasta la actualidad, fallecieron entre 8 mil y 10 mil personas por enfermedades vinculadas al VIH y al Sida. (…) Cuando decimos que no hay más tiempo, es porque nos estamos muriendo. Las personas que mueren por causas relacionadas con el VIH están atravesadas por la pobreza y la discriminación, pero se puede tener una buena calidad de vida viviendo con VIH”, advirtió Matías Muñoz, integrante de la Asociación Ciclo Positivo.

El proyecto está acompañado por la firma de 23 diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas: Frente de Todos, UCR, Coalición Cívica, Pro, Frente de Izquierda y los Trabajadores y Partido Socialista. Ingresó al Congreso de la Nación bajo el número 5040-D-2020 y fue firmado por Carolina Gaillard; Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Mara Brawer, Mónica Macha, Brenda Austin, Carla Carrizo, Itai Hagman, Ayelén Sposito, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospenatto,  Romina Del Plá y Gabriela Estevez.