Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de La Plata, Berisso y Ensenada afirman que se encuentran en una situación crítica, con diversos obstáculos, para poder garantizar el acceso efectivo a abortos seguros en el marco de la Interrupción Legal del Embarazo.
A través de un comunicado, desde las Red advierten que actualmente quienes integran los equipos de consejerías tanto en los Centros de Salud como en los Hospitales, diariamente construyen distintas estrategias para intentar viabilizar el acceso a este Derecho, pero se encuentran con diversos obstáculos que limitan el pleno ejercicio del derecho a la ILE.
Explican que no cuentan con stock de medicación disponible: “Hay circunstancias en las que semanalmente o ante cada nuevo acompañamiento tenemos que estar reclamando el misoprostol al Programa Provincial de Salud Sexual, esto conlleva demoras, teniendo que posponer turnos, o hasta teniendo que cancelar la atención por falta del recurso necesario para la resolución del ILE”.
Afirman que ante esta situación han elevado distintos reclamos y propuestas, a través de notas, pedidos de reuniones, comunicados, etcétera, además de brindar alternativas como ir a hablar con responsables de las secretarías municipales de salud, Región Sanitaria XI y programa provincial, pero que aún no han logrado que se organice un sistema de stock y distribución de misoprostol que no exponga a les trabajadores de las consejerías a estar día a día tras la búsqueda de la medicación, generando sobre carga laboral a fin de efectivizar un acompañamiento cuidado de las personas que deciden abortar.
Además, señalan que continúan las dificultades para el acceso a resoluciones de ILE en embarazos avanzados (posterior a 13 semanas): “En este sentido les trabajadores de los equipos de consejerías nos venimos dando distintas estrategias para ir avanzando en capacitaciones al interior de los equipos de salud, principalmente en coordinar con los servicios de Ginecología de los Hospitales para que se pueda dar solución a las solicitudes que requieren intervención de esta especialidad, sin embargo contamos con muy poco apoyo a la hora de gestionar y/o generar condiciones de resolución en estos casos, nuevamente sobrecargando a les trabajadores que realizamos consejerías en ILE para buscar alternativas de resolución”.
Agregan que la precariedad del trabajo es la generalidad para quienes forman parte de los equipos de consejerías, ya que llevan adelante multiplicidad de tareas que exceden a la función, trabajando muchas veces con equipos incompletos, a veces sostenidos sólo por las residencias, es decir, sin personal efectivo del espacio, y cobrando salarios por debajo de la canasta básica.
“Es desde activismo feminista y en defensa de la salud pública, que hemos ido dando debates en las instituciones para lograr generar respuestas acordes a lo que establece el protocolo, generando capacitaciones, construyendo redes de trabajo en equipo. Entendemos que más allá de las estrategias que nos damos los equipos de salud, y de todo lo que se ha ido avanzando, necesitamos de una efectiva política pública de acceso a la ILE, y para ello se requiere de fortalecer el acceso a la medicación, a ecografías, a nombramientos de personal capacitado. Necesitamos respuestas de los municipios de la provincia de Buenos Aires para que cada persona con capacidad de gestar que decide abortar lo pueda hacer de manera segura en su localidad”, expresan.
En este sentido, desde la Red continúan exigiendo: acceso a métodos anticonceptivos; acceso a consejerías en centros de salud y hospitales, con personal de salud capacitadxs, bajo los lineamientos que ofrece el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción legal del Embarazo y en condiciones dignas de trabajo; acceso sistemático a misoprostol para resoluciones ambulatorias; y acceso a técnicas como el Ameu u otras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la resolución segura de ILE.
