La dictó el titular del Juzgado de Garantías 4 de Berazategui, Damián Véndola, contra el efectivo de la Policía Federal, Germán Bentos, acusado de asesinar de un balazo por la espalda a Alan Maidana, de 19 años. Está imputado por el delito de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública abusando de su función.
El crimen ocurrió el 24 de mayo pasado, alrededor de las 7 de la mañana, cuando el joven volvía a su casa en bicicleta con otros amigos, en la esquina de de Avenida Varela y 114 de Berazategui. El policía les disparó cuatro veces porque creyó que le habían arrojado una botella contra el auto.
Luego el cabo abandonó el lugar y no denunció el hecho, sino que fue detenido horas después tras ser identificado por los amigos y amigas de la víctima ya que vivía en el barrio.
La prisión preventiva había sido solicitada por el fiscal de la causa, Daniel Ichazo, para quien las declaraciones de los testigos del hecho fueron coincidentes: Alrededor de las 6:45 de la mañana del domingo 24 de mayo, Alan volvía a su casa en bicicleta, acompañado por dos amigos. Cuando pasban por la Avenida Varela a la altura de la calle 114 B, otro adolescente que estaba en una fiesta empezó a arrojar piedras y botellazos hacia la calle, en el mismo momento que el Policía Federal Germán Bentos pasaba con su auto.
Los amigos de Alan declararon que el auto dio marcha atrás unos 40 metros y frenó, el policía bajó, apoyó el brazo sobre el techo del vehículo y sin mediar palabras comenzó a disparar. Luego volvió a subirse al auto y escapó.
Uno de los disparos ingresó por la espalda de Alan, a la altura del omóplato izquierdo, y terminó alojada en la nuca. El joven murió poco después en el Hospital.
En su declaración indagatoria, Bentos reconoció haber estado en el lugar del hecho, dijo que se defendió de un intento de robo y que, luego de recibir el impacto de una botella o piedra contra el auto, disparó para amedrentar a los jóvenes, pero que estaba asustado, y no recordaba si había disparado al aire o al suelo. También dijo que había alcanzado a ver que uno de los jóvenes tenía un revólver y que después de abandonar el lugar no radicó la denuncia por temor a represalias.
El delito de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública abusando de su función prevé una pena de prisión perpetua.
Fuente: Agencia Andar.




