Se trata del decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que endurece los controles migratorios y apresura la expulsión de persona migrantes en la Argentina. Diferentes organizaciones y redes que defienden los derechos humanos de la población migrante se reunieron con el actual consejo de asesores de la Presidencia de la Nación y le solicitaron la derogación.
Entre las preocupaciones expresadas las organizaciones está la vigencia del decreto y las consecuencias que originó su implementación, como mayor criminalización, discriminación y una profunda regresión en materia de derechos.
Tras el encuentro, voceros de las organizaciones migrantes destacaron la preocupación del gobierno actual por avanzar en esta materia y, como primer paso, los funcionarios les solicitaron la elaboración de un informe con los diferentes puntos solicitados para ser presentado al presidente Alberto Fernández y avanzar así en la restitución de los derechos.
Por su parte, las organizaciones agradecieron el recibimiento y reiteraron su consigna respecto a que “migrar no es un delito”.
Entre los participantes de la reunión se encontraban Diego Morales (CELS); Mariana Fontoura Marques (Amnistía Internacional); Alfonso Rojas (Centro Angelelli y Red Nacional de Líderes Migrantes); Zulema Montero (Yanapacuna); Doris Quispe (Campaña Migrar no es delito); Bamba Diome (Dahiras Mouridies); Dona Palacios (Red de Migrantes y Refugiadxs); Gabriela Liguori (CAREF); Demian Zayat (COPADI); Florencia Mazzadi (Asociación Civil Cine Migrante) y Ana Paula Penchaszadeh (Conicet).
Fuente: Agencia La Barriada
