Organizaciones sociales y comunidades originarias fueron reprimidas a lo largo de las últimas dos semanas en distintos puntos del país, entre ellos Jujuy, Chaco y Neuquén.
(Red Eco) Chaco/Neuquén/Jujuy – El pasado 30 de diciembre, mujeres pertenecientes a varias organizaciones sociales fueron golpeadas y detenidas en la Casa de Gobierno de Chaco, mientras reclamaban el pago de jornales y becas que el estado provincial les adeuda.
Militantes de los movimientos MTR, MTL, Carreros Recicladores del Centro, Resistencia y Lucha-Utopía en el FOL y El Dorado venían reclamando al gobierno provincial el pago de salarios por trabajos en obras públicas y becas de desempleo. Las organizaciones venían negociando con la titular del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Beatriz Bogado, y Sergio Soto, Subsecretario de Economía Social (dependiente de Desarrollo Social). También había intervenido en las conversaciones el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Juan Manuel Pedrini.
Ante el incumplimiento de lo acordado con los representantes del ejecutivo chaqueño, las organizaciones decidieron manifestarse el día miércoles frente a la casa de gobierno. Fueron invitados a ingresar por Marcela Aquigrana, mediadora asignada por Pedrini, quien  les mostró una nómina con las personas que recibirían los pagos adeudados, y al leerla, las organizaciones advirtieron que la lista estaba incompleta. Las mujeres que negociaban con Aquigrana rechazaron enfáticamente el listado que el gobierno les presentaba. Luego,  las 8 mujeres que se encontraban negociando fueron encerradas y reprimidas por la infantería a partir de la orden del Vice Gobernador Juan Carlos Basiloff Ivanov.  Además fue detenido y quedó en medio de los golpes un niño de 3 años, hijo de una de las mujeres.
Las organizaciones repudiaron el accionar de la infantería y responsabilizaron al gobernador Capitanich, y a todos los funcionarios involucrados en las negociaciones.
 Por otro lado, comunidades mapuches de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, denunciaron el accionar represivo por parte de la policía provincial, especialmente del grupo GEOP, especializado en operativos antimotines.
Hace dos semanas, la Comunidad Mapuche Paichil Antriao, que se encuentra en lucha por sus tierras que han sido apropiadas por el magnate estadounidense William Fisher, fue reprimida por la policía. En esa ocasión fueron golpeados duramente cuatro jóvenes pertenecientes a la comunidad que ya había sufrido un violento desalojo, por parte de la policía, el 2 de diciembre a instancias de un reclamo de 10 hectáreas que hiciera Fisher.
El domingo 3 de enero, un grupo de policías atacó a los tiros a un grupo de mapuches que defendían una zona perteneciente a la comunidad. El grupo de efectivos especiales estaban asentados en la zona desde fines de noviembre, cuando se llevó a cabo otro violento desalojo a una familia mapuche. En esta ocasión, las fuerzas represivas abrieron fuego contra un grupo de jóvenes mapuches que se encontraban resistiendo el desalojo de sus tierras. También había en el lugar ancianos y niños.
La comunidad denuncia que son constantemente hostigados, no sólo por fuerzas policiales, sino también por grupos parapoliciales pagados por Fisher. “Nos sentimos presos en nuestro propio territorio”, sostienen y denuncian la complicidad del estado provincial y nacional con los empresarios y los fabulosos negociados inmobiliarios que vienen llevándose a cabo desde hace años en la provincia.
En respuesta a esta avanzada represiva, la comunidad de Paichil Antriao está convocando a todas las comunidades originarias y mapuches de la Patagonia a un Futa Chrawun (gran parlamento) que tendrá lugar en la zona de Villa La Angostura los días 8, 9 y 10 de enero, para discutir y planificar la resistencia a los embates de empresarios, terratenientes, multinacionales y gobiernos adictos. "Hostigamiento permanente, persecuciones por el bosque, amenazas y controles de identificación, rukas (casas) violentadas sin orden de allanamiento y disparos contra nuestra gente. Así dialoga el gobierno de Sapag (del MPN) trayendo a la misma policía que fusiló por la espalda al docente Carlos Fuentealba, ahora vienen los perros del wingka a cazar a los Mapuche", denuncia la comunidad.
Para completar este pequeño panorama que refleja la situación de acoso, represión y despojo que viven organizaciones sociales y comunidades originarias a lo largo y ancho del país, el 30 de diciembre, en Paraje Santa Fe, localidad Palma Sola, Jujuy, la policía detuvo a Juan Antonio Mamani, quien junto a sus padres viene resistiendo el desalojo de la tierra en la que vive la familia, ante el acoso de una empresa maderera que viene llevando a cabo un desmonte de los terrenos lindantes al terreno donde viven los Mamani.
Ese mismo día, el ingeniero Hilario Gómez y el capataz de la maderera, Eusebio Díaz  se presentaron en la casa de la familia, rompieron la tranquera y apalearon a los ancianos que defendían su territorio. Juan Antonio acudió en auxilio de sus padres, disparando al aire su escopeta. Horas más tarde fue apresado por efectivos policiales y permaneció varios días detenido en la comisaría 36 de Palma Sola, a la espera de la asunción del juez de feria. Mientras tanto, los agresores continúan en libertad y Eusebio Díaz volvió al paraje para amenazar a la población.