El Tribunal Criminal N° 3 condenó al sargento de la Policía Federal Claudio Kiecak a 3 años en suspenso más 5 años de inhabilitación para portar armas de fuego, bajo la carátula de homicidio culposo en exceso de la legítima defensa, por el asesinato de Carlos Ojeda (en la foto), ocurrido en octubre de 2013.
Las abogadas querellantes María del Carmen Verdú y Micaela Corzo, en representación de la mamá de Carlos, Angélica Mamondo, habían solicitado la pena de prisión perpetua, al considerar que se trató de un homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad del Estado.
Durante el alegato, Verdú reconstruyó la secuencia de los 11 disparos del agente, de los que siete estuvieron dirigidos directamente a zonas vitales de Ojeda, quien no lo amenazaba ni representaba peligro alguno para el policía ni para otras personas, ya que estaba sobre su moto, con las manos enguantadas sobre el manubrio.
Como era de esperar la defensa pidió la absolución del policía. Por su parte, la fiscal María Adela Oricchio manifestó que se trató de un “exceso en la legítima defensa” y pidió una pena de tres años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación, a pesar de que el fiscal de instrucción había elevado la causa a juicio con una acusación por homicidio doloso, que prevé penas de 8 a 25 años de prisión.
Luego de que se conociera la sentencia, Verdú consideró que a lo largo de las dos jornadas de juicio quedó en claro que Carlos, más allá de las intenciones que tenía cuando paró la moto, no estaba armado, no atacó al policía, no tenía manera de causarle peligro alguno del que tuviese que defenderse disparándole, como lo hizo, siete veces y por la espalda.
“Esta sentencia tiene su lado bueno que es el reconocimiento de que sí hubo un homicidio (…); por otro lado, vuelve a demostrar lo que decimos siempre, que jueces y fiscales están ahí para condenar a los pobres y para garantizar la impunidad de los represores. Es probable que la defensa interponga recursos en Casación pidiendo la absolución, pero nosotros también vamos a poder interponer recursos en Casación pidiendo la pena mayor que habíamos solicitado sabiendo que es el mismo tribunal de Casación que, por ejemplo, cuando condenamos a 16 años a Solanas el asesino del hermano de Micaela (Rodrigo Corzo), después le bajaron la pena a 10 años y ocho meses, justo lo que necesitaba para salir esa Navidad y pasar las fiestas en familia”, expresó Verdú en las puertas del Tribunal
En este sentido, desde Correpi advirtieron: “Nuevamente jueces y fiscales son quienes ponen broche de oro a la impunidad de esta política represiva que se lleva la vida de unx pibx cada 21 horas. Pero la lucha no termina con esta sentencia. Seguiremos gritando el nombre de Carlitos en cada calle y cada barrio, al mismo tiempo que redoblaremos fuerzas para la próxima batalla judicial que nos espera, el próximo 15 de noviembre en el mismo tribunal donde sentaremos en el banquillo de los acusados al asesino de Kevin Amarilla”.
Amarilla tenía 16 años cuando fue asesinado por el policía bonaerense Daniel Pietro en octubre de 2016 en el partido bonaerense de Quilmes.
Respecto a este juicio, Verdú adelantó que será más difícil que el de Carlos Ojeda: “Se llega a juicio directamente con la acusación de exceso en legítima defensa y está la misma fiscal, por lo que no tenemos la garantía de que vaya a acusar en el juicio así que vamos a tener que redoblar el esfuerzo para por lo menos salir con una condena. Aunque no vaya preso, que por lo menos tenga una consecuencia directa que es que no pueda volver a entrar a ninguna fuerza de seguridad nunca más en la vida. Obviamente no va a pasar mucho tiempo para que lo veamos por algún barrio en alguna agencia de seguridad privada, que sabemos que es donde se reciclan los canas condenados. Así que la pelea es en la calle, todos los días”, cerró la abogada.
