Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional acusan a sus integrantes de demorar la confirmación de las condenas en casos de gatillo fácil.

 
La Correpi se movilizará el próximo jueves 17 de diciembre, a las 11, al Tribunal, ubicado en calle 7 entre 56 y 57, en La Plata.
Denunciarán allí que la máxima autoridad judicial en materia penal, está “demasiado ocupada” para confirmar las condenas. Y la importancia de confirmar las condenas está en que justamente muchos de los policías vuelven a las calles ya que desde lo técnico son considerados “procesados que gozan de la presunción de inocencia”.
Desde Correpi aseguran que en las escasas oportunidades en que los jueces de Casación se apuran es para absolver a los policías. Esto es lo que ha sucedido en los últimos días en el caso de Juan Antonio Pelozo, conocido como el “Mataguachos” de Villa Fiorito, quien fue condenado a 13 años de prisión por un tribunal oral de Lomas de Zamora, y rápidamente liberado por la Sala 3ª del Tribunal de Casación.
Entre los casos que deben ser tratados por el Tribunal de Casación se encuentra la Causa Durán. Ninguna de las tres condenas a prisión perpetua por la tortura seguida de muerte de Sergio Durán de 17 años (dictadas en 1995) fue confirmada. Uno de los policías condenados, Jorge Ramón Fernández, fue excarcelado en 2003 y al menos hasta el año pasado trabajaba en la agencia de seguridad privada Segur Part. En la Causa Corzo, el oficial Cristian Alfredo Solana (condenado en 2007 a 16 años de prisión por el homicidio de Rodrigo Corzo) puede salir en libertad en el corto plazo. En la Causa Bustamante, el policía federal Pablo Barros (que fusiló con un tiro en la espalda a Carlos Bustamante en 2004) fue condenado a 3 años y medio de prisión en suspenso pero ha pasado tanto tiempo que aunque el tribunal confirme su condena, la pena ya se extinguió sin que Barros jamás haya estado formalmente condenado.