El dato surge del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado, que todos los años elabora la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y cuya actualización con información de 2018 se presentó la semana pasada en Plaza de Mayo. Red Eco Alternativo.

 

(Red Eco) Argentina – Correpi presenta sus informes habitualmente en diciembre, pero la enorme cantidad de datos a procesar y la coyuntura hicieron que en 2018 se haya tenido que postergar el acto para marzo de este año.

En esta última actualización, hasta diciembre de 2018, se registran 6.536 casos; y 6.564 si se incluyen 28 hechos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero.

A su vez, entre 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal. Este número representa el 20% del total desde diciembre de 1983, en tan solo poco más de tres años.

Es así que uno de los principales datos que surgen de la última actualización del Archivo es que Cambiemos se convirtió en el gobierno más represor desde 1983: “A fin de 2017, decíamos que, por primera vez en los 35 años transcurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el actual gobierno había superado la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo”, expresan desde Correpi. Durante los 12 años de kirchnerismo, se registró un promedio de un muerto cada 30 horas, y tres años después el promedio es de un caso cada 21 horas.

Otros datos que surgen del informe es que más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio.

La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.

El 44,5% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos. Si se tiene en cuenta que hay un 14,3% del total sin datos suficientes, resulta que más de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima es de la franja menor de 25 años.

Una mención aparte merece el caso de la Policía de la Ciudad. Su antecesora, la Policía Metropolitana, registró 22 casos de muertes entre 2011 y 2017, mientras que la nueva fuerza porteña cuenta con 43 asesinatos desde enero de 2017. Es decir, 43 personas muertas en 26 meses; más de dos personas por mes.

“En 2016, antes del traspaso de la mayor parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, la fuerza federal registró un total de 25 casos, contra 19 de 2018. Pero lejos de tratarse de un descenso de su poder letal, como en 2018 hay 21 casos de responsabilidad de la Policía de la Ciudad, y dos tercios de sus miembros eran hasta el año anterior federales, la cuenta real asciende a 40”, especifican desde Correpi.

 

Desde la Coordinadora también advierten sobre el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años. Esto los llevó a comparar sus datos con las estadísticas generales de femicidios: “Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2018, una de cada cinco mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Pero en 2019 ese 20% creció a casi el 30%, ya que de los primeros 15 femicidios del mes de enero, cuatro fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal”.

 

El cómo

En este informe sobre la situación represiva nacional se incluyen todos los casos que impliquen la aplicación de una política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima. Es decir, todas las personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.

Se consideran a todos los victimarios que sean miembros de las agencias represivas del Estado, esto Policía Federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.

A su vez, se toman en cuenta todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales.

Para recopilar los casos se recurren a todas las fuentes disponibles, como contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas, el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales, el aporte que se reciben de compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y remiten información ya chequeada, además de los informes de otras organizaciones y organismos oficiales que registran datos de interés.

 

El por qué

Respecto a cómo surge la realización de este archivo, desde Correpi detallaron: “En abril de 1996, el entonces presidente Carlos Menem ‘explicó’ a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: ‘Hay periodistas de pluma fácil’, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: ‘¿Dónde están los nombres?’”.

A partir de allí, la Coordinadora entendió que debía dar una respuesta contundente a estas declaraciones, y fue Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, que propuso hacer una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y difundir los resultados de este archivo a Plaza de Mayo.

“Promediaba el año, no teníamos acceso a internet ni correo electrónico, y sólo dos militantes de CORREPI tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los casos de los familiares organizados en CORREPI y siguieron con los contactos del interior del país. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron periodistas que, como Enrique Sdrech y Carlos Rodríguez, pusieron a nuestra disposición sus propios archivos de ‘casos policiales’ para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desapariciones desde fin de 1983”.

En esa primera versión del Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal se presentaron los datos de 262 casos. Lista que fue presentada por una delegación de familiares de las víctimas en la mesa de entradas del Ministerio del Interior.

La repercusión de este acto hizo que la elaboración del Archivo y su posterior difusión en Plaza de Mayo se repitieran año tras año.

“Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país”, afirman desde la Coordinadora.

En este sentido, aclaran que el Archivo “no es un pulido y perfecto trabajo estadístico” porque, según explican, a pesar de que cada año se mejoran los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos “la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables” hace que no se lleguen a conocer infinidad de casos: “Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance”.

“El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación”, aseveran desde Correpi.

Más información: http://www.correpi.org