Elevaron una propuesta para designar como Ministro de la Defensa en Tucumán a quien fuera el Fiscal que procesó a Belén, la joven de 27 años que en 2014 fue condenada a ocho años de prisión, acusada de haber asesinado a su bebé y que estuvo 881 días detenida por “aborto seguido de presunto homicidio” hasta que la Corte provincial ordenó su liberación. Se piden enviar adhesiones a fundacionmxm@gmail.com para pedir el retiro del pliego . Compartimos el comunicado
Desde la Fundación Mujeres X Mujeres y desde Católicas por el Derecho a Derecho a Decidir Argentina, REPUDIAMOS la propuesta de designación elevada por el Gobernador Juan Manzur del Fiscal Washington Navarro Dávila para cubrir el cargo del Ministerio de la Defensa.
Consideramos que el desconocimiento del derecho, la falta de enfoque de derechos humanos y perspectiva de género evidenciados en la investigación por él promovida en el caso “Belén” son datos por demás elocuentes para inhabilitarlo para el desempeño de la noble tarea de ejercer la Coordinación de las Defensorías Públicas en nuestra Provincia.
Recordamos que el encarcelamiento preventivo de Belén y su posterior juicio oral estuvieron plagados de vicios de forma que llevaron a un contundente Dictamen del Ministro Fiscal que se pronunció no solo por la libertad, sino por la inocencia de la joven acusada de “homicidio agravado por el vínculo y por alevosia”, en franca violación del diagnóstico médico de “aborto espontáneo” que obraba en documentación que el Fiscal tuvo a la vista desde el inicio e ignoró imperdonablemente.
Llama poderosamente la atención que el nefasto protagonismo obtenido por el Fiscal Navarro Dávila en una causa que se cobró -sin justificación- 29 meses de libertad en la vida de una joven de solo 25 años y que llamó la atención del Comité de Derechos Humanos y del Relator contra la Tortura de la ONU, sea ahora premiada con un cargo de tamaña responsabilidad.
EXIGIMOS se retire este pliego y se escoja un/a candidato/a cuyo valor no sea la proximidad con el poder, sino que tenga además de la solvencia para tributar sus responsabilidades, conocimientos de género y derechos humanos acreditables para que el “acceso a la justicia” no sea una ilusión para cada persona que necesite una Defensa Oficial.
