Una familia de campesinos de Cruz del Eje, Córdoba, es continuamente perseguida por la Justicia por vivir en tierras con importante valor económico
(Cecilia Litvin – Red Eco) Córdoba- El próximo 22 de octubre cuatro hermanos estarán sentados en el banquillo de los acusados, imputados por impedimento funcional y coacción. No es la primera vez, ni será la última, que se enfrenten al poder judicial. Los Godoy se niegan a entregar las tierras donde viven, y aunque les pertenecen desde hace casi 50 años, hay quien pretende quitárselas porque en la zona se encuentran unas canteras de Granito Rojo Príncipe, que son al parecer un recurso natural de alto valor económico.
Todo comenzó cuando en otoño de 1969, un señor llamado Víctor Manuel Gómez se acercó a la zona de la Represa Morales, ubicada en el departamento cordobés de Cruz del Eje, donde vivía Amadeo Godoy. A pesar de que Godoy hacía nueve años que había adquirido esas tierras, Gómez aseguró ser el dueño. Ante la obvia negativa de los Godoy, comenzaron las amenazas, agresiones y persecuciones que perduran hasta el día de hoy.
Pero Gómez no estaba solo, estaba aliado al abogado Aristóbulo Gutiérrez, quien engañó a la familia Godoy representándolos en un primer momento.
Según explicó a Red Eco el letrado Saúl Almeida del Movimiento Campesino de Córdoba, actual patrocinante de los Godoy, tanto Gómez como Gutiérrez se aprovecharon de que Amadeo no sabía leer ni escribir haciéndole firmar papeles en los que como pago por sus honorarios, le cedía a Gutiérrez los derechos de parte del campo, casualmente las hectáreas donde se encuentran las preciadas canteras. Pero en esos papeles faltó la firma de la mujer de Godoy, quien se negó a hacerlo, por lo que la familia cuenta con ese elemento para pedir una y otra vez la nulidad del acuerdo.
A partir de allí se desarrollaron decenas de acusaciones y denuncias entre ambas partes. Las realizadas por Gómez prosperaron, mientras que las efectuadas por la familia Godoy quedaron en la nada.
De hecho, en 2004 el juez Carlos Egia dictó una sentencia en la que da la posesión de las tierras a Gómez y Gutiérrez, condenando a la familia Godoy por usurpación. Como consecuencia de su resistencia al desalojo, los Godoy sumaron una nueva denuncia por desobediencia a la autoridad.
A lo largo de estos largos años, los Godoy tuvieron alrededor de nueve abogados diferentes, tres de ellos son hoy funcionarios judiciales involucrados como partes en las acusaciones contra los campesinos.
Pero la familia no se quedó de brazos cruzados, continuaron trabajando para la comunidad en la que viven, colocaron un molino comunitario, abrieron un camino interno para la zona, trabajaron junto la escuela primaria local realizando talleres de huerta y colaboraron voluntariamente en las tareas de cocina.
Además, en 2006 fueron recibidos por una comitiva de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Del encuentro surge un informe (Nº 3084/06 – Folio 111) en el que la Defensoría destaca: “La acción de desalojo por vía judicial en muchos casos se combina con el procedimiento de acorralamiento consistente en apropiarse de las tierras, alambrar de modo tal de cercar las viviendas de los poseedores con promesas verbales de dejar pasos (…) Además, se denuncian graves amenazas y agresiones verbales y físicas de parte de civiles armados o la quema de cercos y sembradíos y la matanza de animales como modo de hostigamiento para que, agobiados, los campesinos terminen por vender su posesión y radicarse en la ciudad”.   
La familia es legalmente dueña de sus tierras, pero el hostigamiento continúa, la persecución judicial es claramente visible, la desigualdad ante la ley explícita. Un nuevo ejemplo se verá el próximo 22 de octubre cuando comience en los Tribunales Federales de Cruz del Eje el juicio oral y público contra los hermanos Godoy.