El gobierno de la provincia se sumó a la política de despidos generalizados. Según trabajadores del Plan de Inclusión Social, serían más de 4 mil los perjudicados. En los últimos días, la ministra de de Desarrollo Social, Alida García Peanú, quien está a cargo del “Plan”, anunció una serie de modificaciones en la situación de los beneficiarios del plan. Por Radio Bulla (RNMA)
Por la positiva la funcionaria declaraba en la prensa oficialista, que “los beneficiarios seleccionados estarán dos meses con un convenio de adhesión voluntaria de capacitación en administración pública. Una vez finalizada esa etapa pasarán a una segunda parte de nueve meses de práctica laboral rentada y por último accederán a un contrato”.
Esta medida anunciada por la funcionaria, afecta a unos 2 mil trabajadores, pero en el fondo ocultaban la desvinculación de miles de trabajadores. Entre los afectados por esta medida también están los trabajadores de las cooperativas que ser armaron en el marco del programa de inclusión.
La situación precaria que ya vivían los beneficiarios de este “plan”, se agrava con los despidos que dejaran a miles de familias sin el salario, que en muchos casos es el único ingreso para sus manutención.
Desde el lunes la sede de la ex “Colonia Hogar” se encuentra tomada por los trabajadores despedidos y el martes, tras la insistencia y presencia de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) la ministra salió a dar explicaciones sobre la situación. Tanto ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) como el sindicato de docentes ADU, acompañaron a los manifestantes quienes continuarán en estado de alerta y con asambleas para definir las acciones a futuro.
Ayer miércoles los trabajdores realizaron un corte de la Av. del Fundador, frente a la residencia del gobernador provincial. Durante toda la mañana y hasta el mediodía, un nutrido grupo de beneficiarios del plan y un sector de la dirigencia sindical, se manifestaron en la calle exigiendo una solución sobre la situación de los 4 mil trabajadores perjudicados.
La decisión del gobierno provincial ha sido dejar sin apoyo y por tanto sin trabajo a aquellos operarios que se desempeñaban en cooperativas de trabajo. Estas realizaban tareas de mantenimiento y limpieza en diferentes dependencias y sectores del Estado Provincial. Por otra parte, otro gran grupo de trabajadores del plan que realizaban tareas en ministerios y Escuelas, se les redujo el salario a 1900 pesos, que representa el básico, quitándoles los aportes que completaban la remuneración y que dependía de la dependencia donde desarrollaban su trabajo. En cualquiera de los casos, el sueldo total no superaba los 6 mil pesos, un monto claramente paupérrimo en un contexto donde la canasta familiar supera los 16 mil pesos.
El motivo que dieron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social provincial, es que no les alcanza el presupuesto para sostener un plan de inclusión, que ya lleva 13 años de existencia y abarca a más de 9 mil sanluiseños.
Durante el corte, personal de la cartera ministerial se acercó a solicitar que los manifestantes volvieran a la sede de Desarrollo Social, lo cual fue denegado por los trabajadores ya que no se avisora resolución alguna sobre los despidos. Tanto dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Autónoma, como de ATE San Luis, exigieron a las funcionarias que respondan al pliego de reivindicaciones que los beneficiarios del plan presentaron.
Por su parte, Diego Costa, Sec. Gral. de la CTA, declaró que la central está dando cobertura sindical y legal a los trabajadores y que seguirán coordinando de manera asamblearia las próximas medidas. En este sentido, se espera que para mañana se realicen nuevas manifestaciones.
Recordemos que el Plan de Inclusión se inició en el año 2003 bajo el gobierno de Alberto Rodríguez Saá y en el marco de una crisis económica muy grave. Hoy, en un contexto donde gobiernos provinciales y el Estado Nacional suman más de 20 mil despidos, “El Alberto” se suma a la política de achicamiento del Estado mediante despidos. La situación se agrava si tomamos en cuenta una inflación que avanza a valores alarmantes contemplando los precios tanto de productos de primera necesidad (leche, harina, carnes) y los aumentos pautados para servicios como el de la Luz o el Gas.
Por su parte la ministra Peanú, ante las consultas sobre la situación del plan y el verdadero objetivo que es la reinserción de personas en el mercado laboral y en condiciones de formalidad, responsabilizó a las gestiones gubernamentales pasadas. Algo irónico conociendo que es el mismo partido (PJ) y familia (Rodríguez Saá) quien ejerce el poder en la provincia desde la vuelta de la democracia (1983). Está estrategia para deslindarse de posibles responsabilidades, está siendo usada desde la vuelta de Alberto a casa de gobierno. Prácticamente una puesta en escena sobre una supuesta interna entre el Poggismo y los Saá, presentados hoy como antagónicos, mientras que ayer eran socios del poder y claros responsables de la aguda precarización laboral que hoy reina en San Luis.
AUDIOS
Andrea, trabajadora despedida del Plan de Inclusión
Federico, trabajador despedidO del Plan de Inclusión
Claudia Campo, Sec. Gral del sindicato de docentes ADU.
