No hay cambio de carátula en el causa judicial por el asesinato del joven trabajador municipal Gerardo “Pichón” Escobar. Sin embargo el juez Luis María Caterina dictó la prisión preventiva sin plazos para los cinco imputados. Por Red Eco Alternativo

(Leandro Yanson para Red Eco) Santa Fé  – Las razones argumentadas por el juez se basan en que, la investigación que impulsa la fiscalía compuesta por Rafael Coria, Marisol Fabbro y Miguel Moreno, aún no ha sido capaz de establecer cuál es la causa de muerte del trabajador, ni tampoco ha logrado asentar que haya existido una privación ilegítima de la libertad anterior al crimen juzgado.
El cambio de carátula a “desaparición forzada de persona” era un reclamo fundamental por parte de los distintos grupos movilizados para exigir justicia, ya que habría trasladado la jurisdicción de la causa de los fueros provinciales a los federales.
No se trata de un pequeño cambio, ya que se conocen perfectamente los vínculos de las fuerzas policiales de la provincia (dos de los imputados son oficiales de la policía) con la justicia local. Como ejemplo en esta causa, resalta la pericia del forense Raúl Rodríguez, ex empleado de la policía, que negó la presencia de golpes en el cuerpo de Escobar.
Cientos de personas se reunieron en las puertas de los Tribunales Provinciales para acompañar a los familiares y reclamar por el esclarecimiento de los hechos y por justicia para Pichón, enmarcándose en las ya frecuentes jornadas que se están dando desde las últimas tres semanas por todas las causas que no se resuelven o retroceden.
Este miércoles 2 de septiembre la Justicia dio un nuevo golpe a quienes apoyan a las víctimas al rechazar el cambio de carátula, un golpe que se suma a la libertad de los imputados por la desaparición de Paula Perassi, a las bajas en las condenas de los autores del Triple Crimen de Villa Moreno y la absolución de uno de ellos, Brian “Pescadito” Sprío.
El accionar de la justicia provincial no tiene que tapar los otros temas de fondo que rodean tanto a la muerte de Gerardo Escobar, como a la de muchos otros jóvenes, por ejemplo la de Franco Casco. Detrás de muchos de estos crímenes aparece la institución policial.
Mientras cada vez más jóvenes se asesinan entre sí en la provincia de Santa Fe, las fuerzas represivas no cesan en incrementar su propia lista de encubrimientos, abusos de autoridad, extorsiones y el tan conocido gatillo fácil.
Es la policía santafecina la que cuenta con la mayor cantidad de efectivos procesados por proteger a bandas narco, por secuestrar y cobrar rescates en drogas o por armar su propia red de distribución.
Las respuestas que se dan a todos los problemas relacionados con el narcotráfico, que está claro son provocados por esas mismas fuerzas, son aumentar el número de efectivos desplegados, traer a la Gendarmería a custodiar los barrios de la periferia, pero nunca implican disputar el centro mismo de las problemáticas, que es el propio Estado.
Frente a la posibilidad de la retirada de la Gendarmería el gobierno de la provincia anunció la incorporación paulatina de un mayor número de agentes policiales, de formación express, lo que muestra claramente que a la deficiencia y la complicidad de la Justicia, le corresponde una solución dentro del área represiva.
Hace cerca de 20 días, Escobar de 23 años, fue a bailar a un boliche de la ciudad y no volvió a su hogar. Si bien no llama la atención que alguien salga una noche y no vuelva, lo que sí es sorpresivo es que no se sepa más nada de esa persona en varios días, mientras el Estado no es capaz de dar respuesta de su paradero. Luego de una semana de búsqueda, su cuerpo fue hallado a orillas del Río Paraná.

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