Mientras avanzan las audiencias en el juicio que se lleva adelante por secuestro, torturas y asesinato del “Negrito” Floreal Avellaneda y el secuestro y torturas de su madre Iris Avellaneda, dos conclusiones esenciales pueden sacarse: que cada día aparecen más elementos de prueba del crimen y que contradicciones de todo tipo atraviesan el proceso.
(Oliver Reboursin – Red Eco) Buenos Aires – No sólo aparecen contradicciones en los dichos –muchas veces de evidente preparación previa- de ex policías y militares sobre los hechos, sino también en el propio discurso del Poder Judicial en relación al juzgamiento a los actos del terrorismo de Estado.
Los exabruptos de la presidenta del Tribunal, Dra. Lucila Larrandart que han merecido el repudio unánime de organismos de Derechos Humanos y querellantes del juicio, pero también la complacencia de fiscales y la querella de la Secretaría de DDHH de la Nación, dejan a las claras que lo que debe ser cuestionado es el modelo oficial de interpretación de estos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Tras siete audiencias celebradas, los hechos adquieren día a día un peso cada vez mayor y los presentes en la sala asisten a una demostración cabal de lo que fue la metodología represiva llevada adelante por el poder en tiempos de la última dictadura militar. Del mismo modo, se verifican los quiebres y pases de factura entre los distintos sectores del poder, y así, los policías buscan despegarse de las acciones y órdenes de quienes otrora fueron sus jefes absolutos en el marco de la aplicación del Plan Cóndor  y otros planes represivos destinados a aniquilar a una parte sustantiva de la población civil.
Tal contundencia de las pruebas, cargadas además de un contenido emocional brutal cuando se traducen en dramáticas descripciones del horror vivido en Campo de Mayo como la que hizo la testigo Bizcarte, sobreviviente de ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio de Personas, podrían señalar un rumbo en la resolución de éste, el primer juicio por Campo de Mayo.
Pero los problemas puestos de manifiesto por las querellas y diversos organismos de Derechos Humanos desde el comienzo mismo de la audiencia se patentizan día a día.
La evidente negativa del Tribunal a comprender en su totalidad la naturaleza de lo que se está juzgando, la integralidad del plan genocida y sus consecuencias, impunidad incluida, no hace más que poner trabas a una solución que los hechos y las declaraciones vuelven imprescindibles.
En ese sentido, la suma de pruebas resulta importante, más cuando la semana pasada hubo declaraciones como las del ex cabo talabartero de Campo de Mayo durante la dictadura, quien informó que estando destinado al “Lugar de Reunión de Detenidos  o LRD en la jerga militar de entonces”  que funcionaba en la Plaza de Tiro de Campo de Mayo reportaba Mayor Jorge Vozo y que allí vió a varios detenidos recluidos en los galpones de Campo de Mayo. Afirmó  además que éstos estaban generalmente acostados sobre colchones o pedazos de tela sobre el  suelo y que correspondía a personal de gendarmería la custodia de esos detenidos.
Las declaraciones de Ibáñez corroboraron, como luego lo harían las de otro ex militar de apellido Solís, y un ex servicio de inteligencia del Ejército de nombre Oscar Rodríguez, los dichos de Iris Avellaneda en relación a las instalaciones del Campo de Concentración.
El momento más brutal de su declaración fue cuando  informó que un día debió llevar comida a una de las celdas –usó la palabra cuartito- acompañado de otra detenida que presuntamente era enfermera y que allí vio a un chico encapuchado, parado y con el cuerpo cubierto, en muy mal estado. Que cuando abrió la puerta el niño balbuceó casi en un gemido “Mamá” o “¿Y mamá?”.
Así, ante el horror del público pudo saberse finalmente que  el joven Floreal  Avellaneda fue llevado a Campo de Mayo junto a su madre y torturado también allí y luego asesinado y arrojado desde un avión. Sobre esta práctica que algunos pensaban exclusiva de la Armada, el testigo dio suficientes certezas, rompiendo por primera vez el “pacto de silencio” –tal como lo definió el Secretario de la Liga José Schulman- lográndose saber cómo fue asesinado “el Negrito”.
Estas constancias de hecho, lo mismo que otras declaraciones como las de varios policías de Villa Martelli que dejan en claro la superioridad de los militares, la existencia de operativos conjuntos, la verificación de áreas restringidas en las comisarías y el permiso de “área libre” para reprimir a las patotas y grupos de tareas muestra cabalmente en el juicio actual, como ya ha surgido en otros, la metodología terrorista empleada.
Evidentemente, en un juicio en el que cada día están más probados los hechos criminales, la batalla se vuelve teórica. Se enfrentan si se quiere, dos modelos. Por un lado aquel afianzado en el Poder Judicial que convalidó las leyes de impunidad y buscó aplicar de todos modos la “obediencia debida” como manera de “mirar hacia adelante” y el reclamo por verdadera justicia del otro indicando la integralidad del accionar represivo genocida como parte de un plan para disciplinar a la sociedad toda.

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