Mientras avanzan las audiencias y las declaraciones testimoniales en el juicio que se lleva adelante por secuestro, torturas y asesinato del “Negrito” Floreal Avellaneda y el secuestro y torturas de su madre Iris Avellaneda, dos conclusiones esenciales pueden sacarse: que cada día aparecen más elementos de prueba del aberrante crimen de la dictadura genocida y que las contradicciones de todo tipo atraviesan el proceso. (Oliver Reboursin – Red Eco) Buenos Aires – Contradicciones éstas, que no solo aparecen en los dichos –muchas veces de evidente preparación previa- de ex policías y militares sobre los hechos, sino también en el propio discurso del Poder Judicial en relación al juzgamiento a los actos del terrorismo de Estado. Los exabruptos de la presidenta del Tribunal, Dra. Lucila Larrandart que han merecido el repudio unánime de organismos de Derechos Humanos y querellantes del juicio, pero también la complacencia de fiscales y la querella de la Secretaría de DDHH de la Nación, dejan a las claras que lo que debe ser cuestionado es el modelo oficial de interpretación de estos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Tras siete audiencias celebradas, los hechos adquieren día a día un peso cada vez mayor y los presentes en la sala asisten a una demostración cabal de lo que fue la metodología represiva llevada adelante por el poder en tiempos de la última dictadura militar. Del mismo modo, se verifican los quiebres y pases de factura entre los distintos sectores del poder, y así, los policías buscan despegarse de las acciones y órdenes de quienes otrora fueron sus jefes absolutos en el marco de la aplicación del Plan Cóndor  y otros planes represivos destinados a aniquilar a una parte sustantiva de la población civil.
Tal contundencia de las pruebas, cargadas además de un contenido emocional brutal cuando se traducen en dramáticas descripciones del horror vivido en Campo de Mayo como la que hizo la testigo Bizcarte, sobreviviente de ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio de Personas, podrían señalar un rumbo en la resolución de éste, el primer juicio por Campo de Mayo.
Pero los problemas puestos de manifiesto por las querellas y diversos organismos de Derechos Humanos desde el comienzo mismo de la audiencia de debate se patentizan día a día.
La evidente negativa del Tribunal a comprender en su totalidad la naturaleza de lo que aquí se está juzgando, la integralidad del plan genocida y sus consecuencias impunidad incluída, no hace más que poner trabas a una solución que los hechos y las declaraciones vuelven imprescindibles. En ese sentido, tanto la presidencia como la vocalía representada por la jueza Beatriz Millioc han intentado sostener a partir de negativas a preguntas fundamentales de la fiscalía y las querellas en relación a otros casos de detenidos desaparecidos que pasaron por la Comisaría de Villa Martelli y Campo de Mayo atacan el verdadero valor de estos juicios treinta y tres años después de acaecidos los hechos criminales, el planteo oficial de gran parte del Poder Judicial, juzgando estos crímenes como meros hechos penales.
La gravedad de este enfoque que hasta ahora ha reconocido pocas excepciones –la más importante las condenas en “el marco del genocidio” decretadas por el TOF Nro. 1 de La Plata- choca con la voluntad militante de la familia Avellaneda, el Partido Comunista y los organismos de DDHH nucleados en Justicia Ya! que como querellantes han intentado desde el ofrecimiento de prueba mismo dar al juzgamiento y a su difusión el carácter de espacio político jurídico para definir las consecuencias integrales del genocidio perpetrado por el poder económico y cultural en la Argentina.
En ese sentido, la suma de pruebas resulta importante, más cuando la semana pasada hubo declaraciones como las del ex cabo talabartero de Campo de Mayo durante la dictadura, quien informó que estando destinado al “Lugar de Reunión de Detenidos  o LRD en la jerga militar de entonces”  que funcionaba en la Plaza de Tiro de Campo de Mayo reportaba Mayor Jorge Vozo y que allí vió a varios detenidos recluidos en los galpones de Campo de Mayo. Afirmó  además que éstos estaban generalmente acostados sobre colchones o pedazos de tela sobre el  suelo y que correspondía a personal de gendarmería la custodia de esos detenidos.
Las declaraciones de Ibáñez corroboraron, como luego lo harían las de otro ex militar de apellido Solís, y un ex servicio de inteligencia del Ejército de nombre Oscar Rodríguez, los dichos de Iris Avellaneda en relación a las instalaciones del Campo de Concentración.
El momento más brutal de su declaración fue cuando  informó que un día debió llevar comida a una de las celdas –usó la palabra cuartito- acompañado de otra detenida que presuntamente era enfermera y que allí vio a un chico encapuchado, parado y con el cuerpo cubierto, en muy mal estado. Que cuando abrió la puerta el niño balbuceó casi en un gemido “Mamá” o “¿Y mamá?”.
Así, ante el horror del público pudo saberse finalmente que  el joven Floreal  Avellaneda fue llevado a Campo de Mayo junto a su madre y torturado también allí y luego asesinado y arrojado desde un avión. Sobre esta práctica que algunos pensaban exclusiva de la Armada, el testigo dio suficientes certezas, rompiendo por primera vez el “pacto de silencio” –tal como lo definió el Secretario de la Liga José Schulman- lográndose saber cómo fue asesinado “el Negrito”.
Estas constancias de hecho, lo mismo que otras declaraciones como las de varios policías de Villa Martelli que dejan en claro la superioridad de los militares, la existencia de operativos conjuntos, la verificación de áreas restringidas en las comisarías y el permiso de “área libre” para reprimir a las patotas y grupos de tareas muestra cabalmente en el juicio actual, como ya ha surgido en otros, la metodología terrorista empleada.
Negar entonces testimonios como el de los ex detenidos desaparecidos Ratto y Calvo tal como lo hace el Tribunal escudándose en que los relatos corresponde a épocas distintas, como si la metodología criminal de la dictadura hubiera ido cambiando, parece más que una torpeza, una clara intención de poner un límite a los reclamos de la querella y las organizaciones populares en el juicio.
Evidentemente, en un juicio en el que cada día están más probados los hechos criminales, la batalla se vuelve teórica. Se enfrentan si se quiere, dos modelos. Por un lado aquel afianzado en el Poder Judicial que convalidó las leyes de impunidad y buscó aplicar de todos modos la “obediencia debida” como manera de “mirar hacia adelante” y el reclamo por verdadera justicia del otro indicando la integralidad del accionar represivo genocida como parte de un plan para disciplinar a la sociedad toda.
Es una lucha difícil pero la tenacidad de la querella, la familia y los organismos que han sostenido este y otros juicios parece demostrar que dará batalla hasta el final aportando todos los elementos y apelando a distintas formas –la movilización popular incluída- para enfrentar y derrotar a la impunidad.