Distintas organizaciones denuncian que miembros del movimiento estudiantil están siendo detenidos bajo la acusación de pertenecer a la guerrilla ELN por un “afán de mostrar resultados”.
(Antonio Girón – Diagonal) Colombia – Universidad Nacional, Bogotá, 20 de mayo de 2015. En el cruce de la carrera 30 con calle 45, en la entrada oriental de la Universidad, un grupo de alrededor de 40 encapuchados, parapetados con escudos, cascos y máscaras antigás, se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Después de tres horas de enfrentamientos, los hechos son considerados por las autoridades como los más graves de los últimos años. De modo que el rectorado suspende temporalmente las clases.
Casa de Nariño, 3 de julio de 2015. Después de la explosión de dos petardos en la capital, que afectan sedes del fondo de pensiones Porvenir, el presidente Santos se dirige a la nación en comparecencia de prensa. “Todas las hipótesis apuntan a que la guerrilla del ELN sería la responsable de los recientes atentados”.
La declaración del presidente colombiano aleja las sospechas sobre la responsabilidad de las FARC, cuyos negociadores aseguran desde la mesa de negociación en La Habana: “Muchos hechos se le atribuyen a las FARC, aunque no lo sean, pareciéndose más a una pesca en río revuelto de una extrema derecha que no quiere el progreso de los diálogos”.
A pesar de llevar un año reportando atentados en la capital, con 14 explosiones en localidades como Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Kennedy, Santa Fe y Engativá, será el 2 de julio de 2015 cuando se elabore una orden de trabajo coordinado entre la nación y el distrito.
En el breve transcurso de unos días, las autoridades colombianas informan: ya se han obtenido los primeros resultados.
8 de julio de 2015. Integrantes del movimiento estudiantil y social de Bogotá rechazan la captura de 16 jóvenes en la capital, en su mayoría estudiantes, que desde el gobierno y diversos medios de comunicación son presentadas como integrantes del ELN.
“Las personas que están siendo detenidas no van a tener responsabilidad alguna frente a los últimos hechos en Bogotá”, asegura Franklin Castañeda, presidente de Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, “es lastimoso que cuando se habla de paz el gobierno profundice en actos de persecuciones políticas sistemáticas para dar respuesta a los atentados”.
Alberto Castilla, senador del Polo Democrático Alternativo, exige al gobierno que responda por el asesinato del líder campesino Carlos Pedraza, en lugar de presentar “falsos positivos judiciales”. En Colombia se recogen actualmente más de seis mil casos probados de los llamados “falsos positivos”, una práctica sistemática donde fuerzas de seguridad del estado presentan bajas civiles como resultado en la lucha contrainsurgente.
El secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí, afirma que la comunidad universitaria viene siendo blanco de “falsos positivos judiciales” e indica que los estudiantes de la universidad capturados, “se encontraban fuera de la ciudad, en Fusagasugá, preparando actividades académicas” en el momento de las explosiones de cuya autoría son acusados.
Durante la misma rueda de prensa, se denuncian más de 13.000 demandas administrativas por errores judiciales. Así mismo, entre el 2009 y el 2012, 8.600 personas fueron vinculadas a la insurgencia, pero más del 75% de los capturados ya fueron declarados inocentes.
Entre los capturados, se encuentran Heiler Lamprea, representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional;, Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE); el periodista Sergio Segura, corresponsal de la Agencia Colombia Informa o Paola Salgado, reconocida abogada defensora de derechos humanos.
Acompañados de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, denuncian que los “falsos positivos judiciales” constituyen un ataque contra los derechos de asociación, protesta, debido proceso, expresión y frente al derecho a defender los derechos humanos en Colombia.
