La localidad ubicada al norte del conurbano bonaerense ofrece para este verano un plan especial de “seguridad”, que incluye móviles de la nueva patrulla municipal, guardianes de calle, defensa civil y controles en todos los accesos al paseo, lo que impide que sea “apto para todo público” a pesar de tratarse justamente de un espacio público.
El 2 de enero, dos chicas de la zona fueron a tomar mate a la costa, pero empleados municipales les exigieron abrir sus bolsos para revisarlos, con la excusa de verificar que no tuvieran bebidas alcohólicas. Ante la negativa de las jóvenes, se llamó a la patrulla municipal, que a su vez convocó a la policía bonaerense. Fue entonces cuando los efectivos empujaron y golpearon a las jóvenes y tiraron sus cosas al suelo, retuvieron sus documentos y las amenazaron con llevarlas a la comisaría por “disturbios en la vía pública”.
Una mamá que estaba con su hija de tres años que insistió en preguntar por qué tenía que mostrar sus efectos personales, fue detenida e incomunicada durante 8 horas. Salió de la comisaría notificada de que el fiscal decidió imputarla en una causa penal por resistencia y atentado a la autoridad.
No se trata de casos aislados, varios vecinos han denunciado en los últimos tiempos este tipo de requisas y agresiones.
Desde Correpi denunciaron que “este accionar policial y de organismos para-policiales, legitimado por el aparato judicial, hostiga y persigue sistemáticamente a los calificados como ‘indeseables’ para la zona norte del conurbano bonaerense, y forma parte de una política sistemática para disciplinar a los sectores populares”.
Además, afirmaron que según datos del propio intendente de Vicente López, Jorge Macri, la inversión municipal en seguridad “ha crecido, en estos dos años y medio de mandatos, un 1.300 por ciento. Mucha de esa inversión tiene que ver con tecnología, como la que se puede ver en este Centro de Monitoreo, pero mucha más es la hecha en recursos humanos”.
Fuente: Correpi