Las fuerzas de seguridad siguen siendo noticia en el sur del país. Matan, reprimen, amenazan y amedrentan, con la colaboración incondicional de gran parte del Poder Judicial. Los casos recientes de Pablo Vera en Río Negro y Matías Casas en Neuquén así lo demuestran. Red Eco Alternativo

(Red Eco) – Neuquén – Río Negro – Este jueves 4 de diciembre al mediodía, el Tribunal de Impugnación de la provincia de Neuquén revocó la sentencia dictada por unanimidad por un jurado popular contra el policía Héctor Méndez, hallado culpable del asesinato del joven Matías Casas.
Este fallo modifica la calificación del delito por el que el efectivo fue condenado a prisión perpetua; ahora se trata de un homicidio simple agravado por el uso de arma, por lo que se ordenó la realización de un nuevo juicio únicamente para fijar otra pena, ya que la nueva calificación no prevé prisión perpetua.
Matías Casas tenía 19 años cuando el 22 de julio del 2012 fue asesinado en el barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén por el policía Héctor Méndez, quien salió de su casa y le disparó cuatro veces con su arma reglamentaria. Casas recibió los impactos mientras intentaba escapar del ataque, la bala que lo mató le ingresó por la espalda, sin darle ninguna posibilidad de defensa.
En diálogo con La Izquierda Diario, Ivana Dal Vianco, una de las abogadas de la familia Casas, afirmó que el fallo “está a tono con el lineamiento político enviado por el propio Tribunal Superior de Justicia en el caso de Braian Hernández, que es no reconocer el abuso de la función policial, que es el tipo penal que claramente reconoce la responsabilidad del Estado en los casos de gatillo fácil como este”: “La policía mata a los pibes porque tienen un arma reglamentaria para hacerlo y también porque gozan de privilegios y garantías que solo aplica esta justicia de clase cuando se juzga a integrantes de fuerzas represivas”, agregó la letrada.
El otro abogado de la familia, Mariano Pedrero, señaló además que el fallo va en contra de reconocer que un jurado popular compuesto por doce personas sorteadas por padrón electoral tiene la capacidad de dictar un veredicto en un caso de gatillo fácil: “Los jueces diferencian en el fallo claramente las funciones: ellos son los que pueden decidir el derecho, lo que en síntesis significa que lo que dicte el jurado en última instancia lo van a resolver los jueces. Impusieron el juicio por jurados con el argumento de la democratización y ni bien surge una condena contra el gatillo fácil, contra la policía asesina, comienzan las argumentaciones para torcer el veredicto subestimando lo que resolvió un jurado que votó por unanimidad que Méndez asesinó a Matías con abuso de la función policial”, explicó también a La Izquierda Diario.
Para Pedrero, el tribunal de impugnación consideró este caso como si fuese particular, privado, desconociendo que la muerte de Casas es “producto de una política clara de represión y gatillo fácil, el último eslabón del control social en los barrios, que en Neuquén se cobró la vida no solo de Matías Casas sino meses después la de Braian Hernández y la de centenares de jóvenes en todo el país”.

Impunidad infinita
Lo que sucedió el fin de semana pasado con los familiares y amigos de Pablo Vera en Fiske Menuko, Río Negro, fue una clara demostración de la impunidad con la que actúa la policía local, apadrinada por gran parte del aparato judicial.
Pablo Vera fue asesinado el 25 de setiembre pasado de un tiro en la nuca disparado por el efectivo Jorge Villegas. “En un primer momento intentaron decir que fue un forcejeo. Después quedó comprobado que no hubo tal forcejeo, porque el disparo fue desde aproximadamente un metro de distancia, y el tiro le dio en la nuca cuando se estaba yendo. También (dijeron) que él estaba intentando robar un vehículo, algo que tampoco fue comprobado, y cuando ve al policía se va corriendo. El policía saca su arma reglamentaria estando de civil, y le pega el tiro en la nuca”, describió Adrian Almonacid, integrante de Familiares y Amigos de Pablo Vera, en una entrevista realizada por Enredando las mañanas (ELM), el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Los familiares del joven pidieron que el acusado esperara el inicio del juicio en su contra con prisión preventiva. Sin embargo, el viernes 28 de noviembre pasado la Cámara Criminal I resolvió que Villegas permanezca en libertad. La justicia no lo informó a la familia de la víctima, que al enterarse se movilizó en repudio hasta la Ciudad Judicial. Según explicó Almonacid, intentaron justificar esta decisión afirmando que no se corre riesgo de que  Villegas se escape, ya que tiene un currículum intachable como policía, motivo por el que puede esperar en libertad el inicio del juicio.
Durante esa concentración hubo ruido, gomas quemadas y mucha bronca. Pero cuando los familiares y amigos ya se estaban retirando, los policías presentes comenzaron a reprimirlos con gases lacrimógenos y balas. En total, hubo 24 detenidos; catorce eran mayores de edad, seis menores y cuatro mujeres entre las que había una embarazada de 8 meses. Todos fueron trasladados a la comisaría 21, donde los torturaron y amenazaron.
Los menores y las mujeres fueron liberados en la madrugada del sábado. Otros siete detenidos, entre los que se encontraban dos hermanos de Vera, fueron trasladados a la Comisaría Tercera, en la que prestaba servicios Villegas, lo que para ellos significó un clarísimo acto de provocación.
Absolutamente todos los detenidos sufrieron torturas, maltrato físico y psicológico, manoseo y vejaciones.  Los familiares y amigos aseguraron que tanto el juez Maximiliano Camarda como el fiscal de la causa, de apellido Garrido, apuraron la investigación por los daños ocurridos en la sede judicial durante la manifestación, mientras que se negaron a intervenir en la causa por las torturas ocurridas en las Comisarias.
Camarda fue denunciado penalmente por privación ilegítima de la libertad, ya que mantuvo durante 72 horas presos a los detenidos. El magistrado también rechazó el pedido de hábeas corpus presentado por la abogada de los presos Victoria Naffa.
Finalmente, el lunes 1ero. de diciembre, pasadas las cuatro de la tarde, fueron liberados todos los detenidos.
Paola Aroca era la cuñada de Pablo Vera y estuvo detenida junto a su hijo de trece años. Ella escuchó como lo torturaban, e incluso la amenazaron con que lo iban a matar.
“Me decían que era la cabecilla del grupo, que esto recién empezaba, que después venía lo peor (…). Me dejaron de pegar recién cuando llegó Victoria (Naffa, la abogada). El médico forense nos revisó así nomás, nos hizo levantar un poco la remera y no quiso ver todos los golpes (…). Cuando fuimos a hacer la denuncia a la fiscalía se reían de cómo caminábamos, se burlaban”, relató en diálogo con El Zumbido.
Entre los detenidos también se encontraba Pedro Santiago Villegas, trabajador del Poder Judicial en Fiske Menuko que acompaña a la familia de Vera desde el comienzo. Tras ser liberado, el lunes quiso volver a su trabajo en un juzgado de instrucción, pero no lo dejaron ingresar a los Tribunales. Según le explicaron los policías que le impidieron el paso, la orden provino del propio juez Maximiliano Camarda.
En una entrevista realizada por el programa de radio La Revancha, Atos Corte, otro miembro de familiares y amigos de Pablo Vera, afirmó que la familia viene recibiendo “una sucesión muy larga de maltratos” desde el asesinato del joven en adelante: “Digamos que lo de la excarcelación confirmada por la Cámara fue la gota que colmó el vaso, pero realmente la familia en ningún momento encontró respuestas en los tribunales siendo que ellos son víctimas. O sea, la familia desde un primer momento ha encontrado los tribunales vallados, cerrados con rejas, el maltrato del juez. Al juez Quelín, el primero que decidió la excarcelación de Villegas, el policía asesino, es el único caso que se le conoce donde un acusado de homicidio se le da el privilegio de excarcelación. Entonces acá en Río Negro, el poder de la policía es muy grande. Cuando la familia se enteró de la noticia (de la excarcelación) a través de los medios masivos de comunicación, se acerca a los tribunales y encuentran que nadie los puede atender, que no les pueden mostrar el fallo, y ahí se pone la situación muy tensa, y ahí se producen los incidentes. Realmente es muy cruel el trato que hemos recibido de parte de todo el Poder Judicial y obviamente ni hablar de la policía, que no es sólo las acciones que nosotros hacemos frente a los tribunales sino que están constantemente provocándonos. Cuando los amigos de Pablo andan por el barrio los detienen, los paran, les preguntan por qué van a las marchas, que los van a detener, etcétera. Hasta el policía llegó a decirle a un amigo de Pablo: ‘pero si yo lo maté a Pablo’. Es muy cruel lo que está sucediendo”.
El caso de Pablo Vera no es una excepción. La policía no solo mata, sino que luego amenaza, persigue y amedrenta a los familiares de las víctimas, muchas veces en connivencia con los funcionarios del Poder Judicial que en lugar de juzgar y condenar a los culpables, son sus cómplices.

Fuentes: El Zumbido / La Revancha / La Izquierda Diario

Imagen: El Zumbido