Este jueves 27 de noviembre, se realizó en los Tribunales Provinciales de Rosario una audiencia en la que la jueza Roxana Bernardelli dictaminó que la causa del joven detenido por personal policial de la Comisaría Séptima y posteriormente encontrado sin vida en el Río Paraná, debe ser seguida por la Justicia Federal, ya que consideró que se trata de una “desaparición forzada de persona”, es decir un delito de lesa humanidad.
La decisión fue tomada a pedido del Defensor General Gabriel Ganón, abogado de la familia de Franco Casco, quien viene denunciando junto a la familia y numerosas organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, la participación policial en el asesinato de Franco Casco así como el encubrimiento por parte de la fiscalía. Incluso distintos organismos de Derechos Humanos habían realizado hace pocos días una conferencia de prensa en la que reclamaban el cambio de carátula.
El fiscal Guillermo Apanowicz había presentado como primera hipótesis la posible intervención de policías en el hecho, mientras que como segunda hipótesis planteó, sin fundamentos ni pruebas, que podría tratarse de un asesinato por parte de un tercero o un "accidente".
Ante esta situación, la jueza Bernardelli resolvió declarar la incompetencia por vía declinatoria del Tribunal Provincial, remitir las actuaciones correspondientes a la Justicia Federal, cambiando la caratula de la causa a desaparición forzada de personas, y oficiar al gobernador de la Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, al Jefe de la Unidad Regional II y/o División de Asuntos Internos Delegación Sur que se realicen “las actuaciones administrativas correspondientes a esclarecer la probable comisión de faltas autónomas por parte del personal policial de la Comisaría Séptima”.

Fuente: La Izquierda Diario