El juez Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 642/2014 que permitía el alojamiento de personas en comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Además, dispuso que los magistrados que están a cargo de estos detenidos resuelvan en forma inmediata su situación.
El juez Arias consideró que la detención en comisarías; una resolución tomada por el actual ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados; “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.
Agregó que de acuerdo a “los relevamientos efectuados por los peritos, como los informes producidos por las autoridades, se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”.
Arias tomó esta resolución a partir de una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había fallado que las condiciones de detención debían cumplir con las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de calabozos en la Provincia de Buenos Aires.
En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166. A esto se suma que el 60% de estas personas no tiene condena judicial.
Para el CELS, “la decisión del juez Arias ratifica las advertencias que se habían realizado sobre que el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iba a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional”.
