Una delegación de organzaciones de derechos humanos integrada por Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los miembros de la APDH Matanza Pablo Pimentel y Cristian Blanco, Nicolás Tauber Sanz de Liberpueblo y Claudia Ferrero de APEL entre otros, estuvieron presentes con este pedido ante al Tribunal Superior de Río Gallegos.

El amicus presentado ante el tribunal también incluyó las firmas de organismos de derechos humanos como CEPROH y CADEP, personalidades destacadas como Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer, y la de diputados como Néstor Pitrola, Pablo López y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, Claudio Lozano de Unidad Popular, y Alcira Argumedo de Proyecto Sur-Unen.
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz debe resolver la resolución del recurso por el que debe revisar la condena de los trabajadores y decidir si confirma la misma o declara su absolución. La delegación fue atendida por los miembros del tribunal, ante quienes expresaron los fundamentos del amicus, la preocupación ante la irracionalidad de los argumentos emitidos por los acusadores e hicieron hincapié en las irregularidades del proceso tanto en la instrucción como en el juicio realizado.
“Amicus Curiae” significa amigo de la corte o amigo del tribunal y se trata de una presentación realizada por terceros quienes ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
Del encuentro participó Carlos Platkowski, abogado del CeProDH y delegado de LAN, quien al respecto señaló: “nos entrevistamos con el juez Enrique Peretti, a quien le transmitimos que consideramos muy grave el modo en que fue llevada a cabo la instrucción y el juicio, donde hubo torturas a testigos, familiares e imputados. Le señalamos que consideramos nulo este juicio por no haberse probado la culpabilidad de los trabajadores que fueron condenados por el homicidio de un policía, no hay una sola prueba en su contra. Sí hay numerosas pruebas sobre la arbitrariedad y las torturas reivindicadas por el propio fiscal Candia (…) Le hicimos saber al juez Peretti que el caso de los petroleros de Las Heras es el caso de criminalización de la protesta más grave de la dictadura a esta parte y que miles de personalidades se han manifestado reclamando su absolución”.