Una mínima recorrida por algunos de los últimos casos de gatillo fácil permite dar cuenta que nada ha cambiado desde la implementación, hace dos años, del 8 de mayo como Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina – En 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley Nº 26.811 que establece el 8 de mayo como Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional. Admitiendo que se trata de una asignatura pendiente de la democracia, el objetivo de esta norma es recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promover políticas públicas en esta materia, e incluir la fecha en los calendarios escolares para que se trabaje el tema con los estudiantes.
A pesar de esta iniciativa, los casos de gatillo fácil, abusos y torturas en comisarías continúan multiplicándose en todo el país. Nada ha cambiado ni mejorado desde la sanción de la ley, sino todo lo contrario.

Chubut
La Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut y la Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE) denunciaron el caso de Diego Escobar. En la madrugada del 27 de febrero pasado, este joven de 30 años fue detenido en la casa que alquilaba con un amigo. Un rato antes había estado observando un operativo policial en el Barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia, pocas horas después moriría en la Comisaría Séptima luego de un paso previo por el Hospital Regional. Oficialmente se dijo que había fallecido de un paro cardiorrespiratorio; sin embargo, el padre de Escobar afirmó que cuando recibieron el cuerpo, su hijo tenía lesiones en la cabeza y en la nuca, y se notaba que se habían limpiado manchas de sangre.
La Comisión y AGARRE calificaron el caso de Escobar como el de “una muerte dudosa más en un contexto provincial muy preocupante donde la violencia y crisis institucional crecen sostenidamente gobierno tras gobierno y no se encuentran respuestas positivas por parte del Estado”. Señalan que según informes del banco de datos sobre tortura que elabora el Ministerio de la Defensa Pública local, el 98% de los casos de apremios ilegales es ejercido por la policía de Chubut, el 87% es entre personal de patrullas y comisarías, y el 61,2% de los apremios se produce en situaciones de aprehensión.

Neuquén
En los últimos años se empezaron a conocer cada vez más casos de violencia policial ocurridos en el sur argentino. Particularmente en Neuquén, conmovieron los crímenes de Braian Hernández y Matías Casas en manos de efectivos locales. En el primer caso, Claudio Salas, el asesino del adolescente de 14 años, fue condenado a prisión perpetua en diciembre pasado; sin embargo, la defensa pidió la revisión de la sentencia. Ayer, miércoles, se realizó una inspección ocular en el lugar donde Salas disparó contra el auto en el que viajaban Hernández y sus amigos. Cabe recordar que los adolescentes habían salido a dar unas vueltas por el barrio y que en su recorrido se cruzaron con un grupo de policías que les pidió que se detuvieran. Los chicos se asustaron y continuaron su marcha, por lo que Salas disparó contra el vehículo y la bala le pegó a Braian en la nuca. Luego, el policía intentaría justificar su accionar asegurando que había visto un arma dentro del auto. Esta mañana, y tras escuchar los argumentos de las partes, el Tribunal de Impugnación informó que dará a conocer su resolución el próximo 22 de mayo.
Dos días antes, el martes 20, comenzará finalmente el juicio contra el policía Héctor Méndez, acusado por el asesinato de Matías Casas. Las audiencias debían haber empezado en diciembre pasado, pero la defensa fue interponiendo distintas excusas, obligando a retrasar el inicio del proceso. Al producirse esta demora, el juicio se realizará bajo la nueva modalidad de juicio por jurados que propone el Código Procesal Penal reformado en Neuquén. Este martes se sortearon 16 hombres y 16 mujeres, de los que luego se seleccionarán a los doce titulares y cuatro suplentes que conformarán el tribunal definitivo que iniciará el juicio el 20 de mayo. La sentencia se conocerá el jueves 22.
Según la investigación judicial, en julio de 2012 Casas tuvo un entredicho con el hijo de Méndez y el efectivo le disparó al menos tres veces. Aunque una de las balas mató al joven, el policía se acercó y lo siguió pateando. Méndez está acusado por el delito de homicidio doblemente calificado por su condición de efectivo de la policía provincial y por el uso de arma de fuego.

Córdoba
En la capital provincial se realizó ayer una marcha para decir “basta de gatillo fácil” y denunciar la profundización de la política represiva del gobierno de José Manuel de la Sota. En este marco, se pidió la renuncia del jefe de la policía local, Julio Suárez.
De la movilización participaron cientos de personas, y aunque estaba previsto llevar adelante un acto frente al edifico de la fuerza de seguridad, debió cambiarse de sede sobre la marcha, ya que el lugar estaba vallado y había una gran cantidad de uniformados. Finalmente, el cierre se desarrolló en la puerta del Colegio Nacional Alejandro Carbó.
Lautaro Torres murió el 13 de abril pasado tras ser baleado por la espalda por una oficial. Natalia Suárez, encontró a su hijo tirado en el piso mientras la policía aún le apuntaba con su arma en la cabeza y otro efectivo le pegaba. El joven falleció pocas horas después.
“Me tocó vivir esta situación tan horrible como perder un hijo y estoy aquí buscando justicia y espero encontrarla. Dentro de todo el dolor que tengo vengo a decirle al Jefe de Policía que renuncie porque se maneja con total impunidad para mentir y eso no se lo voy a permitir ni a él, ni al señor De la Sota”, dijo Suárez en declaraciones a Prensared.
También estuvo presente Rosita Saldaño. Su hermano Ezequiel fue asesinado de tres disparos en febrero de 2008 por el oficial Pablo Maximiliano Rochelli. Tan solo dos casos de los muchos que se sumaron a la movilización que recorrió las calles de la capital cordobesa. Desde la Coordinadora Antirrepresiva, denunciaron que durante la marcha se infiltraron mujeres policías de civil, que incluso al ser advertida su presencia desde los micrófonos del acto comenzaron a provocar a los familiares de las víctimas.

Buenos Aires
Esta mañana, se conoció la decisión de la jueza Mónica Berdión de Crudo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 47, de dictar el procesamiento de treinta integrantes de la Policía Metropolitana y once de la Federal en la causa por la represión en el Parque Indoamericano, ocurrida en diciembre de 2010.
En este marco, cinco jefes de la Metropolitana y tres de la Federal fueron procesados por los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y por lesiones culposas. Otros 25 efectivos de la Metropolitana están procesados por los delitos de homicidio y lesiones en agresión, y ocho de la Policía Federal por abuso de armas.
En su resolución, la magistrada afirmó que la acción de las fuerzas de seguridad "no fue azarosa ni producto de la casualidad, sino que se trató de una estrategia coordinada consensuada por sus mandos con anterioridad y ejecutada en el teatro de operación bajo la conducción de la Policía Federal".
Casos de apenas cuatro provincias argentinas que demuestran que con conmemorar el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional no alcanza para frenar el accionar de las fuerzas de seguridad que durante todo el año agreden y matan, en su mayoría, a los que menos tienen.