Mañana se conocerá la sentencia a cinco represores en el Primer Juicio que se realiza en San Luis por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, testigos de otros procesos son amenazados y decenas de represores están prófugos.

(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina. Durante su alegato, la Fiscal de Cámara, Olga Allende, pidió “la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorías y costas procesales, con cumplimiento de la pena en el Servicio Penitenciario Provincial o Federal” para el Teniente Coronel retirado Miguel Ángel Fernández Gez, el ex Capitán del Ejército y sub jefe de la policía provincial Carlos Esteban Plá, Oficial retirado de la policía de San Luis, Víctor David Becerra, y los policías retirados Luis Alberto Orozco y Juan Carlos Pérez.
Todos están acusados del homicidio de Graciela Fiochetti, las desapariciones de Pedro Valentín Ledesma y Santana Alcaraz, y los tormentos a Víctor Fernández, hechos ocurridos en San Luis.
Para Allende, "hay pruebas contundentes de cómo fue matada Fiochetti, cómo fue quemada, cuáles son las causas de su muerte. El disparo fue un típico fusilamiento militar. Lo refieren las pericias balísticas y antropológicas. Ha quedado demostrado el homicidio de Graciela Fiochetti”.
La fiscal consideró además que los acusados deben responder por los homicidios de Ledesma y Alcaraz, ya que a través de testimonios de sobrevivientes han quedado comprobados los tormentos por ellos sufridos. Allende explicó que la jurisprudencia y las cortes internacionales refieren que debe considerarse homicidio la desaparición forzada de personas en la época del terrorismo de Estado.
A su vez, pidió que se investigara y juzgara a otros militares y policías provinciales y federales que ocupaban cargos de jerarquía durante l976. El mismo reclamo había sido realizado por el abogado querellante, Enrique Ponce, quien además exigió que en la condena se utilice la figura de genocidio, tal como se hizo en juicios anteriores.
Ahora es el turno del Tribunal Oral Federal de San Luis. Mañana a la mañana sus integrantes darán a conocer el veredicto. Es de esperar no sólo una condena perpetua, sino también el cumplimiento en cárcel común.
Por esta razón, la filial local de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos convoca organizaciones sociales, políticas, familiares y compañeros a escuchar la sentencia a partir de las 9, frente al Tribunal.
Mientras tanto, en Santa Fe, Luis Cuello, ex concejal rosarino y sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la ex jefatura de policía de la provincia, radicó una denuncia en los tribunales santafesinos. Allí afirmó que tanto él como otros ex detenidos políticos recibieron e-mails con amenazas de muerte.
Cuello, que es testigo en la causa que se investiga el asesinato del estudiante Conrado Galdame y de dos ciudadanos de nacionalidad peruana durante la última dictadura militar, considera que la agresión tiene como objetivo instalar miedo entre testigos y sobrevivientes que deben declarar en juicios por delitos de lesa humanidad.
Quizás Cuello no tendría que sufrir estas amenazas si todos los responsables de estos crímenes estuvieran donde deberían, es decir, cumpliendo condenas en cárceles comunes y no como muchos que hoy están prófugos de la justicia. La agrupación H.I.J.O.S. denuncia en un comunicado que hay 47 represores prófugos: 47 torturadores, violadores, asesinos y apropiadores de niños prófugos. Y que la justicia debe intensificar la búsqueda de los genocidas prófugos: “Los últimos casos de detención de prófugos siguen abriendo dudas sobre el trabajo de la Justicia: el represor Julián Corres, que actuó en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca y era administrador de la picana eléctrica bajo el alias "Laucha", estaba prófugo escondido en la casa de su madre; el represor Aldo Mario Álvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada; Norberto Raúl Tozzo, asesino en la Masacre de Margarita Belén, fue detenido en un hotel en Brasil; el represor Hugo Carlos Fantoni, ex miembro del Estado Mayor del Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca, fue detenido en la Av. Santa Fe al 2700, por donde circula mucha gente. Estos ejemplos demuestran que los genocidas están entre nosotros, caminando cerca nuestro, y que es necesario que haya voluntad política para detenerlos y que tengan Juicio y Castigo”, cierran H.I.J.O.S. su comunicado.
Fuentes: H.I.J.O.S.  / La Quinta Pata / APDH