Más de quince mil personas se movilizaron ayer, miércoles, por las calles de la capital cordobesa, bajo la consigna “Tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita…”.  Una escena que se repitió en localidades del interior de la provincia como Villa María y San Francisco.
Este Código habilita a la policía a detener sin motivos a cualquier persona, sin necesidad de informar a la Justicia, no garantiza la presencia de un abogado; además de penar, por ejemplo, el merodeo.
En 2010, hubo alrededor de 40 mil detenciones anuales; es decir una cada 12 minutos; en su mayoría eran jóvenes menores de 25 años y procedentes de barrios alejados del centro de la ciudad. En 2011, los datos oficiales informaban que la cifra había bajado en un veinte por ciento. Desde ese año ya no se cuentan con nuevas informaciones, algo que se reclamó en la marcha de ayer.
Además, este año la movilización se desarrolló en el marco de la crisis institucional que vive en la provincia a partir del llamado narco escándalo, que obligó las renuncias del ministro de seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, y la detención de varios jefes policiales acusados de tener vínculos con el narcotráfico.
Tras la multitudinaria movilización que partió desde Colón y Cañada y de la que participaron organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, agrupaciones estudiantiles, políticas y barriales, y algunos partidos políticos, se realizó un acto en la explanada del Cabildo histórico donde se leyó un documento. Allí se reclamó el cese de la discriminación y la persecución permanente y violenta que sufren diariamente los jóvenes cordobeses de parte de la justicia y la policía: “siguen siendo detenidos los pibes y las pibas de los barrios populares por portación de rostro, por la gorra, en las esquinas, cerca de las escuelas”.
A su vez agregaron: “el Estado no garantiza nuestros derechos y quieren vaciar nuestra cultura, nos acorralan con la burocracia (…). Estamos convencidos que la contención y presencia policial en diferentes ámbitos no garantiza seguridad para todos. No es esta la policía que queremos”.
Además se criticó el abandono de los enfermos en los hospitales de salud mental, a la funcionaria Amalia Chiófalo, que se encuentra a cargo de la Secretaría de Trata provincial; se rechazó la Ley antiterrorista y se recordó a los desaparecidos y asesinados en democracia. En este marco, hablaron durante el acto Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, y los padres de Jorge Reina, que fue hallado muerto en una comisaría de Capilla del Monte a fines de octubre. El cierre incluyó un festival musical.

Fuentes: Prensa Red / Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos.