En varios puntos de Colombia, la Fuerza Pública atacó con brutalmente a los participantes del paro nacional agrario y popular. En Fusagasugá (Cundinamarca) se reportó la muerte del joven Juan Camilo Acosta Acosta en la avenida Las Palmas, víctima de disparo de fusil lanza gas cerca de las dos de la tarde del lunes. En Mojarras (Cauca), desde helicópteros de la Fuerza Pública se dispararon ráfagas de fusil, resultando heridos de bala Fabián Bolaños, de Brisas, Patía, de 23 años, y otra persona, de Sinaí, Argelia, que no ha sido identificada aún.
(Agencia Prensa Rural/Alianza de Medios y Periodistas por la Paz/Colombia Informa/Telesur/PL) Colombia –  Luego de siete días de protesta en Colombia, se contabilizan más de 220 arrestados, 25 vías con bloqueos intermitentes, otras totalmente cerradas, tres fallecidos, decenas de heridos y constantes denuncias de manifestantes por excesivas agresiones de la fuerza pública.
El paro nacional agrario y popular en Colombia cumplió el lunes su octavo día de protestas y movilizaciones, debido a la falta de respuestas de parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y luego de varios frustrados y fallidos acercamientos entre los promotores de la medida y delegados del Ejecutivo nacional.
Aunque comenzó siendo un paro agrario, se han sumado los mineros, estudiantes, profesores, camioneros y trabajadores de la salud y la totalidad del gremio campesino, que reclaman demandas salariales y rechazan la violencia que emplea la fuerza pública contra los manifestantes y demás partidarios de la medida de protesta.
Medios colombianos afirman que por primera vez en muchos años han unido voces “actores tan diversos de la sociedad colombiana”, para reclamar una mejoría en las condiciones de vida y trabajo de las clases populares; a pesar de las exigencias tan variadas que presenta cada sector.
El campesinado denunció este domingo que continúan las detenciones arbitrarias, como la del vocero de Marcha Patriótica y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo, Huber Ballesteros, quien fue apresado en Bogotá, acusado de “rebelión y terrorismo”.
Luego de su aprehensión, la Marcha Patriótica denunció que es una acción para “desmoralizar y quitarle fuerza al movimiento agrario y popular”, pero que lejos de amainar la protesta, la detención lso mantiene en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio.
El Coordinador Nacional Agrario (CNA), y el Congreso de los Pueblos presentaron al Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural el “Pliego agrario y minero-energético para avanzar hacia un país con paz y vida digna”. Esta actividad transcurrió el viernes durante el cuarto día de paro de varios sectores productivos y sociales del país. 
En cinco temas centrales se basan las peticiones del “Pliego agrario y minero-energético para avanzar hacia un país con paz y vida digna”: tierra, petróleo, minería, reconocimiento político y sustitución de cultivos de uso ilícito.
La tierra para los pueblos que las trabajan y las cuidan, se refiere a adjudicar baldíos a los campesinos sin tierra, frenar la compra masiva de tierras por parte de multinacionales y grandes empresas nacionales, derogar la resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que prohíbe a los campesinos guardar, proteger e intercambiar semillas; proteger y recuperar la producción agraria frente a los efectos de los tratados de libre comercio y permitir que las gentes organicen la vida en sus territorios.
La segunda petición, petróleo para la vida digna, aborda dos aspectos: reducir el precio de la gasolina en un 50% y garantizar la participación de las comunidades y los trabajadores en la definición sobre el aprovechamiento del recurso petrolero, porque este “no debe seguir siendo el botín de las transnacionales”.
Minería para el buen vivir es la tercera petición. Se refiere a la urgencia de decretar la moratoria minera, revocar los títulos mineros que afectan páramos, reservas hídricas y forestales y la producción campesina y apoyar a los pequeños mineros para que transiten a otra economía.
En cuarto lugar, se pide al gobierno cumplir con su deber de consultar a las comunidades su opinión sobre los proyectos mineros, energéticos e hidroeléctricos que se adelantarán en sus territorios y tener los resultados de la consulta como prioridad a la hora de las decisiones. Esta petición se tituló como reconocimiento político para el campesinado y los pueblos negros e indígenas.
La última petición concierne a la sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Al respecto, el pliego plantea que el gobierno debe concertar con las comunidades el proceso a seguir, comprometerse con la inversión social y apoyar en forma decidida las economías regionales.