El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) manifestó públicamente su repudio ante la carta enviada por Eduardo Duhalde a Cristina Fernández en lo que consideran un nuevo intento de evadir su responsabilidad en la Masacre de Avellaneda y posicionarse políticamente.
En el comunicado emitido hoy afirman que los familiares y compañeros de Darío Santillán no tienen dudas,  sino “certezas, pruebas y líneas de investigación que volcamos en el libro ‘Dignidad Piquetera’ del 2003, donde da cuenta de por qué Duhalde y sus funcionarios fueron responsables intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. Estas expresiones fueron vertidas luego de conocer la carta en la que Duhalde solicitó a la presidenta que se abran los archivos de la SIDE con el fin de aclarar “las dudas expresadas por los miembros originales de la agrupación creada para reivindicar sus memorias”.
Quienes integran el FPDS afirman en este comunicado que “Duhalde cree que tiene la impunidad asegurada por sus amigos del poder judicial, y puede utilizar el asesinato de nuestros compañeros, del que él es principal responsable, para posicionarse políticamente y salir en los medios amigos que lo levantan”.
A su vez mencionan que Néstor Kirchner no cumplió con el compromiso asumido frente a Alberto Santillán a abrir los archivos de la SIDE e impulsar una investigación a fondo sobre las responsabilidades políticas de la Masacre. La apertura parcial de 2005 no permitió continuar la investigación ya que no había material que pudiera colaborar a esclarecer la causa.
Los principales responsables políticos que señalan los familiares y compañeros de Darío Santillán son:  Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasof (jefe de Gabinete), Juan José Álvarez (secretario de Seguridad), Jorge Vanossi (ministro de Justicia y Derechos Humanos), Jorge Matzkin (ministro del Interior), Oscar Rodríguez (secretario de  Seguridad Interior), Aníbal Fernández (secretario de la Presidencia),  Felipe Solá (gobernador de la provincia y  Luis Genoud (ministro de Justicia y Seguridad provincial).
Finalmente señalan “más allá de nuestros reclamos al gobierno nacional, repudiamos terminantemente que, once años después, el asesino de nuestros compañeros le hable de ‘imperativos éticos’ a éste o a cualquier otro gobierno y que amenace con utilizar la fecha del 26 de junio para enviarle todos los años este pedido hipócrita y vergonzoso a la presidenta Cristina Fernández.”