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Durante los últimos años en Honduras, y específicamente a partir del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de 2009, luchar por los derechos humanos en ese país de Centroamérica es sinónimo de riesgo de vida. La victoria de Porfirio Lobo en enero de 2010, en unas elecciones presidenciales denunciadas por las organizaciones y movimientos sociales como fraudulentas, parece no haber hecho otra cosa que instalar definitivamente el terror para quiénes osen reclamar, defender o ejercer sus derechos en ese país.
(Radio Mundo Real) Honduras – El movimiento campesino hondureño viene alertando y denunciando una nueva oleada en 2013 de represión y muertes por parte de las fuerzas del Estado y privadas, dentro de lo que ya se podría considerar una política sistemática de persecución a los luchadores sociales.
Los comunicadores y abogados de derechos humanos también son blanco de esta política. Casi una treintena de periodistas fueron asesinados a partir de la llegada de Lobo a la presidencia. Para el caso de los campesinos y campesinas la cifra ya se remonta a más de cien. Estas muertes se lamentan principalmente en lo que ha sido el centro de la conflictividad por la tierra y el territorio en Honduras en los años recientes, la región del Bajo Aguán. El sábado 11 de mayo, José Omar Pérez Menjivar fue acribillado por sicarios de terratenientes de esa zona. Ahora son 99 los campesinos del Bajo Aguán asesinados por guardias privados y paramilitares con la connivencia del Estado, en poco más de 3 años.
El Secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) Yoni Rivas, describe esta fase de criminalización, persecución y asesinato y los distintos actores involucrados en ella. También destaca como causa de esto a las políticas neoliberales impulsadas desde afuera de Honduras, haciendo un fino repaso sobre el estado de la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria en su país.
Las organizaciones campesinas del Bajo Aguán denuncian la concreción de un plan de criminalización y represión a través de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, liderada por el coronel German Alfaro Escalante.
El ejemplo más reciente se dio en la mañana del 21 de mayo, cuando 600 familias que se preparaban para comenzar su jornada de trabajo fueron desalojadas por efectivos de esta operación de la finca Paso Aguán, en la comunidad de Panamá. Las familias volvieron por la tarde, pero esta vez fueron recibidas directamente a tiros, y no por las fuerzas de Xatruch III, sino por la seguridad privada del terrateniente Miguel Facussé, que ocupó las tierras luego del desalojamiento.
Políticas neoliberales y concentración de la tierra
La concentración de la propiedad de la tierra en Honduras tiene un impulso en la historia fundamental, según entiende Rivas. En 1992, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas aprueba la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que entre otras consecuencias, provocó el pasaje de tierras en manos de miles de campesinos y campesinas a grandes propietarios.
Entre estos, algunos nombres resuenan más fuertemente: el ya mencionado Miguel Facussé, Reinaldo Canales y René Morales, tres terratenientes que se caracterizan por haberse apropiado de forma ilegal de tierras pertenecientes a comunidades campesinas y además defender estas usurpaciones a través de fuerzas de seguridad privada y sicarios.
Pero la mencionada ley también abrió las puertas, según cuenta Rivas, para que “grandes corporaciones transnacionales llegaran a acaparar los mejores valles de nuestro país”. La función que pasaron a cumplir las tierras en este proceso de acaparamiento, es de producción de commodities. Así, en el Bajo Aguán la estadounidense Standard Fruit Company produce bananos para exportación y la Corporación Dinant (propiedad de Facussé) destina sus tierras al monocultivo de palma africana. En la zona norte del país, más precisamente en Valle de Sula una empresa privada nacional (CAHSA) y otra de capitales británicos (AZUNOSA), ambas productoras de monocultivos de caña de azúcar, son las responsables del despojo de tierras de los campesinos de esa zona.
También en esa zona la situación actual es de gravedad: “en los últimos cinco días, los compañeros del MOCSAM (Movimiento Campesino de San Manuel Cortes) han tenido ya tres compañeros asesinados”, informa Yoni Rivas. Estos asesinatos fueron perpetrados por guardias de seguridad de CAHSA, en respuesta al proceso de recuperación de más de cinco mil hectáreas de tierras, que llevan a cabo los campesinos del MOCSAM “amparados en un fallo a su favor emitido por la Corte de Apelaciones en marzo de este año y en base a una resolución de expropiación favorable al grupo campesino que hizo el Instituto Nacional Agrario desde el año anterior”, según un comunicado del MUCA.