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El Consejo de la Magistratura, organismo en boga por estos días, archivó una causa contra un juez señalado como integrante de un grupo de la Triple A que asesinó a un estudiante en Bahía Blanca durante la dictadura. En Córdoba, en tanto, mientras realizaban una cobertura dos trabajadorxs de prensa fueron insultadxs por los imputados de la Megacausa La Perla, gracias a la connivencia de la policía local que una vez más miraba para otro lado.
(Red Eco) Buenos Aires – Córdoba – Generalmente, los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 24 de marzo de 1976 y en particular los que tienen a la Triple A como victimario son los casos en los que más cuesta llegar a que se haga justicia. Los vericuetos legales permiten que la impunidad siga con vida a pesar de los intentos de organismos de derechos humanos y de las pruebas por ellos presentadas.
Es el caso del juez de Bahía Blanca Néstor Luis Montesanti, quien tenía una causa abierta en el Consejo de la Magistratura por maltrato a los trabajadores judiciales y descrédito moral por haber pertenecido a la Triple A. Pero a pesar de los elementos probatorios presentados, el organismo que se encarga de nombrar jueces, ratificarlos o ejercer facultades disciplinarias sobre ellos, entre otras tareas, resolvió archivar el expediente abierto bajo el Número 254/08 con la excusa de haberse cumplido un período de cuarenta meses desde su inicio. Un plazo autoimpuesto por el propio Consejo.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunciaron que con esta decisión, el Consejo “ha dado un paso más en la construcción de impunidad que viene llevando a cabo el Juez (Norberto) Oyarbide con sus infinitas maniobras dilatorias y de fragmentación de la causa Triple A con el evidente objetivo de impedir su juzgamiento como organización terrorista, amparada y sostenida por el Estado durante los años 1974/76”.
Esta historia lleva ya varios años. En 2007, Montesanti, por entonces presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, llevó a juicio por injurias y calumnias a Alberto Rodríguez, empleado bancario, actor y dirigente de la Asociación de Actores, quien había denunciado los vínculos del Juez con la Triple A. Específicamente, Rodríguez fue testigo directo del asesinato del estudiante y militante de la Federación Juvenil Comunista David Watu Cilleruelo en la puerta de la Universidad Nacional de Sur en 1975, y pudo probar que Montesanti fue parte del grupo conformado por los custodios del rector Remus Tetu, responsables del crimen de Cilleruelo, entre otros. En ese juicio, prestó testimonio el actual diputado radical Juan Pedro Tunessi, quien declaró que vio en 1984 o 1985 en la sala de espera del estudio de Montesanti "un diploma enmarcado que colgaba de la pared de una ‘Liga Anticomunista Argentina’ o algo así y que se encontraba firmado por Suárez Mason".
En tanto, durante las audiencias del Consejo de la Magistratura también se aportaron datos que confirman la pertenencia de Montesanti como agente civil a los servicios de inteligencia del Estado.
No se trata de un hecho único, existen antecedentes de casos con resolución similar de parte del Consejo. En 1999, José Schulman, secretario de la LADH, denunció que el Juez Federal Víctor Hermes Brusa había sido parte del aparato terrorista que actuaba en el Centro Clandestino La Cuarta de la ciudad de Santa Fe entre 1976 y 1982. En aquel momento, el organismo resolvió apartar a Brusa de su cargo pero por los delitos de abandono de persona contra un joven que nadaba en la Laguna Setúbal de apellido Pedernera. Diez años más tarde Brusa fue finalmente condenado por esos mismos delitos de lesa humanidad que la Liga había denunciado ante el Consejo y que éste desestimó.
Ante el cierre de la causa contra Montesanti, desde la LADH exigen su reapertura y el pronto desplazamiento de su cargo, pero además se preguntan: “¿Quién sostiene la mano que garantiza impunidad a la Triple A y sus cómplices?”.

Los insultos de los represores
En una audiencia desarrollada ayer, miércoles, los trabajadores de prensa Irma Montiel de la agencia Télam y Manuel Bomheker de Radio Nacional Córdoba fueron agredidos e intimidados verbalmente por un grupo de represores que es juzgado por delitos de lesa humanidad en el marco de la Megacausa La Perla.
Montiel y Bomheker pretendían retratar la llegada de los imputados a los Tribunales Federales I de la Ciudad de Córdoba, pero cuando éstos descendieron del celular que los transportaba comenzaron insultarlxs.
“Cuando el vehículo en que los trasladaban llegó a Tribunales, el personal policial les avisó a los imputados que estábamos preparados para sacar fotos. Inmediatamente comenzaron a descender, ‘haciendo como si estuvieran esposados’, nerviosos y acelerados.
Mientras bajaban de la unidad, reconociéndonos como fotógrafos del juicio, se dirigieron de manera agresiva y amedrentadora a Irma, identificándola con su nombre, demostrando de alguna manera ‘inteligencia’ y capacidad operativa desde las sombras, como en la época de terrible dictadura.
Otros le profirieron insultos, como ‘reculiada’, Vergez gritó ‘hay mucho olor a mierda’, y otro, cuando pasó cerca suyo se refirió a: ‘te acordás cuando hacíamos el amor, Irma’. La misoginia y la violencia dirigida hacen evidente la sensación de que todavía se sienten impunes y poderosos, cuando hoy son reos e imputados pero sujetos de derecho.
Remarcamos la connivencia policial informándoles de nuestra presencia, llevándolos sin esposas, y protegiéndolos. Mantenemos nuestro compromiso con nuestro trabajo, con el objetivo de mostrar a aquellos que actuaron desde la clandestinidad, que puedan ser identificados. Seguiremos presentes en todas las audiencias”, manifestaron Montiel y Bomheker a través de un comunicado.
Efectivamente, los imputados de la Megacausa La Perla y el juez Montesanti se sienten impunes y poderosos; sensación a la que aportan con su complicidad y connivencia la policía cordobesa y el Consejo de la Magistratura.

Fuentes: Liga Argentina por los Derechos del Hombre / Prensa Red – Cispren.