La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y organizaciones colombianas que conforman la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-EEUU (CCE-EU), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe según el cual bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se habrían producido por lo menos 85 casos de violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes de la Fuerza Pública, tipificadas en el derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales.
Para las organizaciones que participaron en la audiencia, las ejecuciones extrajudiciales no son cuestión del pasado, como tampoco lo es la falta de adopción de garantías de no repetición. Las organizaciones citaron casos y políticas concretas del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de la Procuraduría General de la Nación y del propio Ejecutivo, que otorgan privilegios exorbitantes a los miembros de la Fuerza Pública, en perjuicio de los derechos de las víctimas.
Sigue siendo uno de los aspectos de principal preocupación el que los máximos responsables no están siendo investigados. “La Guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad”.
“En ese informe, la Fiscal de la CPI confirma que existe más allá de toda duda razonable fundamento suficiente para creer que los falsos positivos se cometieron conforme a una política adoptada, como una política que constituye una política de Estado para cometer estos crímenes”, dijo la representante de la FIDH.
Las organizaciones presentes en la audiencia, solicitaron a la CIDH que declarara que la reciente reforma constitucional al fuero penal militar es contraria a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, desconoce el principio democrático y de independencia de la judicatura, y constituye un obstáculo para que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan acceder a la justicia, y así debe ser declarado en el informe que publicará próximamente la CIDH.

Fuente: Movimiento Social Colombiano