Organismos de Derechos Humanos lograron que no ingresara al Senado la postulación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal general de Bahía Blanca. Habían advertido que, como juez, Martínez cometió reiteradas irregularidades que se convirtieron en estrategias de impunidad para los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.

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