El diálogo del gobierno, una vez más, se restringe a interlocutores específicos y a espaldas de la sociedad. Esta vez se trata de un acuerdo que empezó a tomar forma en marzo último, con una consultora estadounidense para asesorar sobre la ley de convergencia de comunicaciones. Por María Luján Tilli (Centro de Producciones Radiofónicas-CPR)

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