El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Berisso condenó a 14 años de prisión al ex sargento Víctor Gómez por “homicidio simple”, y a cuatro a Luciano Principi y a tres a Germán Cernuschi, ambos ex policías, por “privación ilegitima de la libertad”. En tanto, resolvió absolver al ayudante de guardia, Leandro Antonelli. Dada la cantidad de tiempo que ya pasaron con prisión preventiva, Príncipi y Cernuschi serán liberados. El fallo fue dictado en mayoría, con el voto en disidencia de la jueza Liliana Torrisi, y será apelado por la familia de Christian.
Christian Domínguez fue asesinado en la Comisaría 1ra de Berisso el 5 de febrero del 2005. Había sido detenido arbitrariamente por policías que lo acusaban de ocasionar disturbios en la vía pública por encontrarse en estado de ebriedad. Pocas horas después, apareció muerto, colgado de su cinto en la puerta del calabozo de contraventores. Inmediatamente la policía dijo que había sido un suicidio.
El fiscal de turno, Leandro Heredia, decidió no presentarse en el lugar y delegar la investigación a los mismos policías acusados. Además, la primera autopsia al cuerpo de Christian estuvo a cargo de la perito médico policial, Dra. Lotito, quien se encargó de ocultar pruebas fundamentales que daban cuenta de que Christian había sido primero estrangulado y luego su cuerpo colgado y suspendido. De hecho, la segunda autopsia, realizada por peritos judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado (perito de parte de la Asociación Miguel Bru), determinó que el joven fue estrangulado y falleció ‘a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros’, descartándose así la hipótesis policial del suicidio.
Durante las primeras audiencias, el padre de Christian, Pedro, afirmó que en estos siete años recibió presiones de los más altos jefes policiales para que no siga investigando. Acusó así al entonces comisario Sergio Chaile, a la ex jefa distrital de Berisso, Adriana Bustich, y al  ex jefe departamental Juan Carlos Paggi (luego jefe de la bonaerense), quienes lo visitaron en su propia casa para convencerlo de que su hijo se había suicidado.
Respecto al fallo, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal n°3, Ernesto Domenech aseguró: “La verdad que ha surgido durante todo este debate no es ni la de unos ni la de otros –refiriéndose a las versiones de las partes-. Es entonces imposible mantener las calificaciones que las partes han sostenido; es necesario para afianzar la justicia, calificar los hechos de otro modo”. En este sentido, señaló que no encontró una intencionalidad en la manera en la que Gómez asesinó a Domínguez. Tanto Domenech como la juez Florencia Butiérrez coincidieron en su fallo en que las maniobras de asfixia que sufrió Christian en dos momentos le provocaron la muerte pero esto no significó que hubo acuerdo para torturarlo ni intención de matarlo, sino que la "presa cervical" fue utilizada para "controlarlo”: “La presa cervical es una maniobra utilizada por las fuerzas de seguridad para sujetar y contener, no para hacer sufrir (…) No provocó directamente la muerte, sino el estado de Christian y el forcejeo”, dijo Domenech.
Por su parte, la magistrada Liliana Torrisi, que votó en disidencia se inclinó por la caratula de torturas seguidas de muerte ya que “la tortura en el sentido moderno del término no se limita a un sufrimiento físico desmedido, sino que considera los padecimientos psíquicos a los que puede ser sometido el privado de libertad (…) Existe la tortura cuando se viola, lisa y llanamente, la condición humana y es en este marco en el que debe interpretarse la acción de Víctor Gómez”.
En este sentido, coincidió con el pedido que había realizado la fiscal Rosalía Sánchez y los abogados de la Asociación Miguel Bru (Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Núñez) que representan a la familia.
Además. Torrisi consideró que por el estado en el que se encontraba Christian, los policías deberían haber llamado a la familia y procurar su cuidado, y que por el contrario se aprovecharon de su indefensión total, y lo sometieron a la fuerza a una presa cervical "porque había que acallarlo", lo que le provocó la muerte.
Rosa Bru, integrante de la Asociación Miguel Bru que lleva el nombre de su hijo, afirmó: La lectura que nos deja este fallo es que la muerte de Christian fue una especie de descuido, que tenían que controlarlo pero se les fue la mano, y que si no hubiera estado alcoholizado y con un tratamiento con pastillas no hubiera muerto, hasta parecieron que la culpa hubiera sido de él. No reconocen las torturas ni el contexto dentro de la comisaría que posibilitó que un joven sea detenido ilegalmente, golpeado y aparezca muerto en una dependencia del estado, ni nada acerca de los golpes ni el encubrimiento posterior para simular un suicidio”.