El miércoles 26 de setiembre, un grupo de abogados y legisladores presentaron una denuncia penal contra las autoridades de la Municipalidad de Malvinas y ministros provinciales por ilegal autorización a la radicación de Monsanto en Córdoba.

Firmantes de la denuncia: Dr. Miguel Domingo Martinez, abogado de la querella en el juicio de Bº Ituzaingo, cel:3512316185 – Dr. Darío Ávila, abogado ambientalista de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, cel: 3515050189- Dra. María López, abogada de DDHH, Agrupación HIJOS, cel:155174388 – Legislador Santiago Clavijo, Secretario Adjunto Luz y Fuerza Córdoba, cel:3516503195 – Dr. Rubén Arroyo, abogado de CONADEP Córdoba y APDH Córdoba, cel:351155099315- Dr. Juan Pablo Ruiz, abogado APDH Córdoba Legisladora Graciela SanchezDenunciantes
La denuncia contra el Intendente Danial Arzani, el Ministro de Industria Carlos Lawson y de Agricultura Cr. Nestor Scarelan, fue remitida desde la Comisaria de Malvinas Argentinas a la Fiscalía del Dr. Marcelo Hidalgo.
Plantea que los funcionarios violan normativas constitucionales expresas en la “clausula ambiental” de la misma y la Ley General del Ambiente de la Nación (ley 25675) y la Ley Provincial de Ambiente (ley 7343).
Principalmente es por no ejecutar los procedimientos establecidos de estudios de impacto ambiental y basarse solamente en un “Aviso de Proyecto”, que por provenir de la “contaminante” (Monsanto) no es un elemento objetivo para la determinación de los posibles daños ambientales ni su eventual plan de remediación.
El Aviso de proyecto es tan sólo la primera de las etapas que conforman lo que se denomina Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que entre otras incluye las siguientes etapas significativas, todas obligatorias: a) Aviso de Proyecto, b) Estudios de Impacto Ambiental, (EsIA) c) Declaración de Impacto Ambiental (DIA), d) Información Ambiental, e) participación ciudadana, y f) Evaluación de impacto Ambiental, propiamente dicha, todos ellos, previos, al otorgamiento de las autorizaciones conferidas (Pre Factibilidad y Tareas Preliminares), tal como surge de las normativas mencionadas.
También se enfatiza en la denuncia que estos funcionarios son responsables de no haber institucionalizado el procedimiento de consulta o audiencia pública -como instancia obligatoria- para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente (Art. 20), ni haber asegurado la participación ciudadana, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (Conf. Art. 21 ley 25675).
La planta de Monsanto se está construyendo a un febril ritmo y los vecinos de Malvinas Argentinas continúan sus manifestaciones de rechazo con masivas movilizaciones callejeras en el pueblo, movilizaciones que fueron acompañadas por una manifestación de miles de cordobeses el pasado 17 de Septiembre por el centro de la ciudad capital. La Universidad de Córdoba también se ha expresado solidaria con los vecinos de Malvinas Argentinas, con su reclamo de ejercer el derecho de realizar una consulta pública para resolver la aprobación o en rechazo a la planta de Monsanto y por la aplicación de los principios constitucionales y legales del derecho ambiental, esencialmente del principio de precaución.-

Fuente: Colectivo Paren de Fumigar Córdoba