A pesar de toda la movilización en las calles de ciudades brasileras y de las campañas por Internet, el presidente del Tribunal Supremo Federal (STF) decidió el reinicio de las obras de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú (Altamira, estado de Pará).
La decisión fue tomada el lunes 27 de agosto por  el ministro Carlos Ayres Britto y atendió a un pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU), que alegó que la paralización de las obras podría causar daño al patrimonio público y perjuicios a la economía brasilera y a la política energética del país. Otra justificación del abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, fue que la decisión de paralizar las obras no respetaba la deliberación anterior del Supremo, que interpretó que la concesión para el comienzo de las obras de la hidroeléctrica no lesionaba la Constitución brasilera.
Antônia Melo, del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, que lucha desde hace más de 20 años en contra de la construcción de Belo Monte, lamenta el hecho de que la decisión haya sido tomada sin que el ministro juzgara el mérito de la cuestión con la seriedad necesaria.
Para la activista, la decisión es una prueba de que diversos sectores de la justicia, pero no todos, están del lado del poder y de los intereses económicos. Ahora, con el reinicio de las obras de la usina hidroeléctrica, los movimientos sociales que luchan contra Belo Monte se reorganizan para continuar manteniendo la movilización, denunciando y acompañando la actuación del Poder Judicial.
Antonia asegura que a pesar de esta derrota la lucha no terminó. "Inclusive con esta decisión se puede tener certeza de que seguimos firmes y fuertes y más indignados que nunca. La esperanza no murió, continúa. Quieren hacernos pensar lo contrario, pero la verdad es que Belo Monte no es un hecho consumado”, afirma.
Fuente: Adital