Diversas organizaciones sociales y políticas realizarán este sábado 28 de julio, a las 15, una actividad de "Solidaridad, Difusión y Denuncia" en Corral de Bustos, junto a vecinxs, familiares y ex-detenidxs por la pueblada que se llevó adelante en esa localidad cordobesa en el año 2006.
Corral de Bustos es una pequeña ciudad de 12 mil habitantes de Córdoba, al estar ubicada sobre una de las rutas de entrada a la provincia es uno de los tantos lugares donde las mafias del narcotráfico, la trata de blancas y otras están enquistadas en el poder político y judicial. Ante los reiterados casos de encubrimiento y la impunidad de varios asesinatos cometidos en la zona, se produjo una pueblada en contra de la inacción de la Justicia cuando en diciembre de 2006 se supo que la niña Ariana Sabache había sido violada y asesinada dentro de su propio entorno familiar. A pesar de las reiteradas denuncias anteriores y del informe de una trabajadora social interviniente de que la niña se encontraba en riesgo, el juzgado local no había actuado en el caso.
Ante esta situación, unxs 2000 vecinxs se concentraron ante el Juzgado local para expresar su repudio. Pero la pueblada terminó de estallar cuando arribó una dotación de la Guardia de Infantería para reprimir a lxs manifestantes. El resultado fue el incendio total del Juzgado y del auto del Juez de Control, además de varios policías y vecinxs heridxs.
A los pocos días de estos sucesos, detuvieron a 30 personas en el complejo penitenciario de Villa María (ubicada a unos 320 km de Corral de Bustos). Pero en este caso la justicia sí quiso actuar y la causa fue llevada a juicio en septiembre de 2011. El resultado: Víctor Barbero (abogado) y Omar Pasquín (periodista) fueron condenados a siete años de prisión al ser considerados instigadores de la quema de los Tribunales; Rubén Omar Astudillo (maestro confitero) y Juan José Guayanes (repartidor de bebidas) condenados a cinco años de prisión efectiva por ser "coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio"; Juan Marcelo Farías (jornalero) y Horacio Esteban Guayanes (albañil) "responsables del delito de incendio", condenados a cinco años de prisión efectiva. Además, con penas de ejecución condicional, se condenó a dos años a Karina Marcela Ripoll (enfermera); Pedro Nicolás Dobba (empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero) y Julio César Suárez (empleado de comercio) por ser responsables del delito de daño calificado; y a Hugo Daniel Dobba (jornalero) a tres años de prisión de ejecución condicional. En tanto, 18 acusadxs fueron absueltos.
El caso ha sido llevado por los abogados de la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por múltiples irregularidades cometidas por la fiscalía y los jueces. Mientras tanto, lxs condenadxs continúan presos.
