Al mejor estilo de las dictaduras, 40 legisladores votaron una ley sobre delitos informáticos, firmada el martes anterior por la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que puede llevar a la cárcel a cualquier ciudadano o comunicador de cuatro a ocho años por revelar “información política secreta”.
Las protestas de los comunicadores, blogueros y ciudadanos no han esperado, y este jueves aumentó la molestia ya que se considera violatorio a pactos internacionales sobre derechos fundamentales, como la Carta Interamericana de Derechos Humanos (Art. XIII), o la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. XIX).
Además, en la nueva legislación se establece la frase “Información Política Secreta”, que no está definida en el Código Penal, ni en su actual reforma.
A raíz de la firma de la nueva Ley, las protestas, a través de medios de comunicación y redes sociales han aumentado, y por ello Casa Presidencial anunció que revisará dicha Ley, a pesar de que fue firmada y está en trámite para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
La aprobación de la Ley y su rápida firma por parte de la mandataria, se registra en momentos en que recrudecen las denuncias por daños ambientales y corrupción en la construcción de la Ruta 1856, paralela al río San Juan, que fue declarada “Secreto de Estado”.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), anunció que solicitó la intervención de la Defensoría de los Habitantes con un recurso de amparo contra dicha reforma ante la Sala Constitucional. El presidente del IPLEX, Alejandro Delgado Faith, dijo que “esta norma se constituirá en motivo de auto censura para los periodistas, quienes, ante el temor de eventuales denuncias o condenas penales preferirán el silencio”.
Fuente: elpais.cr



