Lejos de los pabellones que albergaron la conferencia ambiental más ambiciosa de las últimas dos décadas, Río+20, una aldea de pescadores de la región metropolitana de Río de Janeiro mostró que el precio de denunciar crímenes ecológicos puede ser una ejecución extrajudicial.

(Fabiana Frayssinet – IPS) Brasil – El 22 de julio dos pescadores y activistas ambientales de la aldea ubicada en la playa de Mauá, municipio de Magé, 84 kilómetros al norte de Río, Almir Nogueira y Jõao Luiz Telles no volvieron a su casa.
El cuerpo de Nogueira fue encontrado dos días después, sumergido y amarrado a su barco, frente a una playa cercana. El de Telles apareció el 25 de junio, con manos y pies atados en posición fetal, en la costa de otro municipio próximo.
"Si son hombres de mar, van a morir en el mar. Ese es el recado que nos están dando", dijo entre sollozos Alexandre Anderson, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (Ahomar), en un acto de repudio el viernes 29 para exigir a las autoridades una inmediata investigación.
Las víctimas eran miembros de esa organización de 2.000 pescadores artesanales que luchan contra la contaminación del mar, su hábitat y fuente de sustento de varias generaciones, en la Bahía de Guanabara.
Desde 2007 la asociación protesta contra las obras del Complejo Petroquímico del Estado de Río de Janeiro, una de las mayores inversiones de la empresa estatal petrolera Petrobras y del Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y de su sucesora, Dilma Rousseff.
Ahomar sostiene que las obras ejecutadas por las empresas GDK y Oceȃnica, contratistas de Petrobras, disminuyeron la pesca en 80 por ciento, entre otros daños a la salud humana, la fauna y la flora.
Los pescadores soportan amenazas y asesinatos desde que en 2009 ocuparon con sus barcos las obras de los gasoductos submarinos y terrestres de gas natural licuado y gas licuado de petróleo.
Las amenazas se intensificaron a fines de 2011, cuando volvieron a movilizarse contra la decisión del Instituto Estatal de Medio Ambiente de retomar una propuesta, descartada durante el proceso de licencia ambiental, de transformar uno de los afluentes de la bahía, el río Guaxindiba, en una hidrovía para transporte de equipos. 
Beneficiado por un programa de protección a los defensores de derechos humanos, Anderson tiene escolta policial permanente, pero aun así ha sufrido amenazas y atentados.
En 2009, el tesorero de Ahomar, Paulo Souza, fue atacado frente a su familia y asesinado con cinco disparos en la cabeza. En 2010, otro fundador de Ahomar, Marcio Amaro, fue asesinado en su casa, frente a su madre y su esposa. Ninguno de estos crímenes fue aclarado. 
Poco después del acto del viernes, Anderson fue nuevamente intimidado frente a su casa. Desde entonces no ha sido posible comunicarse con él por teléfono.
"Ya no estamos hablando de inseguridad, sino de personas que han muerto por su militancia, por su legítima resistencia en defensa de la Bahía de Guanabara", dijo la activista Sandra Carvalho, de Justicia Global.
Los denunciantes piden que las muertes, "con claras señales de ejecución", sean investigadas por la policía y la justicia federal.
Organizaciones de derechos humanos no dudan de que estos son "crímenes políticos". Según dijo el diputado del Partido Socialismo y Libertad, Marcelo Freixo, presidente de la comisión de derechos humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, las compañías contratistas de las obras a veces apelan a empresas de seguridad que se valen de "intimidaciones, amenazas y hasta muertes".
En Ahomar, todos saben quiénes son los asesinos, dijo Anderson. "Son personas que ganan mucho dinero con este proceso de industrialización de la Bahía de Guanabara, con trabajos de seguridad, de transporte hidroviario y terrestre. Que están dentro del gobierno provincial y municipal e inclusive en la seguridad pública", denunció.
En Magé, como en otros municipios de la región metropolitana de Río, actúan grupos de esa naturaleza conocidos como "milicias", integrados por agentes de seguridad del Estado, activos o jubilados, con apoyo de sectores políticos locales, como demostró una investigación parlamentaria encabezada por Freixo.
La próxima asamblea de pescadores discutirá si desistir de la lucha o, al contrario, tomar medidas como interceptar el paso de navíos. La de Ahomar es una batalla de "los pescadores artesanales contra el capital petrolero", según la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Orden de Abogados de Brasil – Río de Janeiro, Margarida Pressburger.