Fueron inculpados por “contaminación dolosa” y “contaminación dolosa continuada” a causa de aplicar agrotóxicos en el barrio Ituzainfó Anexo.
En caso de ser encontrados culpables, los productores Jorge Gabrielli y Francisco Rafael Parra pueden recibir penas de entre 3 a 10 años de cárcel, y en caso de que la contaminación sea probada como causal de muerte, estas penas ascienden a un rango de entre 10 y 25 años. La imputación fue realizada por el fiscal Carlos Matheu, en el marco de una denuncia que había sido realizada por la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) en el año 2002, y que fuera reactualizada este año.
El doctor Raúl Montenegro, que es querellante en esta causa, manifestó que en Argentina "los plaguicidas siguen utilizándose aunque enfermen y maten crónicamente. Pero atención, este barrio no es un caso aislado. Existen miles de sitios como Ituzaingó Anexo en el país".
Carlos Nayi, abogado de FUNAM, explicó que más allá de estas acciones judiciales "históricas" lo que debe lograrse en la Argentina "es que los plaguicidas dejen de ser evaluados en función de sus dosis letales, la LD50, y se los evalúe por el daño que provocan pequeñas dosis aisladas y sumadas. Todo el sistema de evaluación y autorización de plaguicidas por parte del SENASA tiene que ser revisado en forma independiente.”
Al respecto, sentenció: “en Argentina enferman y mueren cantidades indeterminadas de personas por causa de los plaguicidas y sus derivados químicos, pero no hay monitoreo masivo de plaguicidas en sangre ni estudios epidemiológicos a nivel nacional. El Estado Nacional, los gobiernos provinciales y la mayoría de las municipalidades son cómplices solidarios de este genocidio químico y silencioso".
El doctor Raúl Montenegro, que es querellante en esta causa, manifestó que en Argentina "los plaguicidas siguen utilizándose aunque enfermen y maten crónicamente. Pero atención, este barrio no es un caso aislado. Existen miles de sitios como Ituzaingó Anexo en el país".
Carlos Nayi, abogado de FUNAM, explicó que más allá de estas acciones judiciales "históricas" lo que debe lograrse en la Argentina "es que los plaguicidas dejen de ser evaluados en función de sus dosis letales, la LD50, y se los evalúe por el daño que provocan pequeñas dosis aisladas y sumadas. Todo el sistema de evaluación y autorización de plaguicidas por parte del SENASA tiene que ser revisado en forma independiente.”
Al respecto, sentenció: “en Argentina enferman y mueren cantidades indeterminadas de personas por causa de los plaguicidas y sus derivados químicos, pero no hay monitoreo masivo de plaguicidas en sangre ni estudios epidemiológicos a nivel nacional. El Estado Nacional, los gobiernos provinciales y la mayoría de las municipalidades son cómplices solidarios de este genocidio químico y silencioso".
