A un año de su desaparición en Córdoba, la historia de Delicia —joven boliviana de 26 años, estudiante del Profesorado de Educación Primaria e integrante de una familia trabajadora— sigue atravesada por la incertidumbre. Mientras su familia y la comunidad educativa sostienen la exigencia de encontrarla con vida, la investigación federal avanza sobre una posible trama de trata de personas, con un imputado que continúa prófugo y una orden judicial para activar mecanismos de cooperación internacional con Bolivia. Por Laki Quispe. Investigación: Anahi Avila – TeleSISA.
A 365 días del 21 de noviembre de 2025, la ausencia de Delicia Mamani Mamani alumbra la dimensión estructural de la violencia patriarcal, el racismo institucional y la desidia judicial en la Argentina contemporánea. Delicia, joven boliviana de 26 años, migrante, de familia trabajadora y estudiante del Profesorado de Educación Primaria en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó de la ciudad de Córdoba, salió de su vivienda rural con el proyecto claro de convertirse en educadora. Sin embargo, su camino fue interrumpido y, a casi un año de su desaparición, el Estado continúa sin ofrecer respuestas certeras sobre su paradero.
El primer aniversario de su desaparición representa una trinchera de denuncia y un emplazamiento directo al sistema judicial y a las instituciones provinciales y nacionales. La reconstrucción de las actuaciones revela cómo el sesgo colonial y de clase fragmentó la investigación inicial, perdiendo semanas decisivas que profundizaron la desprotección de la joven y de su familia. Actualmente, la causa federal suma una imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil contra el principal sospechoso, quien continúa prófugo.
El proyecto interrumpido: precariedad, violencia territorial y el sueño docente
Delicia nació en Bolivia y migró a la Argentina desde muy pequeña. Vivía junto a su familia en el paraje Punta de Agua, una zona signada por la precariedad económica y la explotación en los cortaderos de ladrillos del municipio de Malagueño, en el departamento Santa María, provincia de Córdoba. Presenta una discapacidad motriz y encaraba a diario una rutina de enorme esfuerzo para sostener sus estudios de nivel superior: caminaba unos tres kilómetros por caminos de tierra hasta la parada del transporte interurbano para trasladarse a la capital cordobesa.
Según la reconstrucción elaborada por la redacción de teleSISA en octubre de 2026, el 21 de noviembre de 2025 Delicia salió de su casa entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana rumbo al Profesorado del Carbó, donde cursaba el segundo año. No llevaba dinero ni documento nacional de identidad, y tampoco formuló despedida alguna. En su mochila transportaba ropa, su netbook de la escuela, su teléfono celular y un oso de peluche. Nunca llegó al establecimiento educativo. La última actividad registrada en su dispositivo móvil o redes sociales se constató esa misma noche, entre las 23:40 y las 23:50. A partir de ese momento, el canal de comunicación se cortó por completo.
A la interrupción abrupta de sus contactos le siguió una maniobra de encubrimiento. La madre de Delicia, María Mamani Mamani, recibió desde el teléfono de su hija un mensaje de texto con la frase: “Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes”. Días más tarde, apareció una carta manuscrita con un texto similar. No obstante, las compañeras de aula y las docentes del instituto Carbó advirtieron que la sintaxis y el modo de expresión no se correspondían con las formas habituales de comunicación de Delicia, sospechando que se trataba de una escenificación planificada para instalar la hipótesis de un alejamiento voluntario.
Racismo judicial y maniobras de desvío: la trama de la impunidad inicial
La respuesta del aparato estatal ante la desaparición estuvo marcada por el desinterés burocrático y la violencia institucional hacia una familia trabajadora Indígena. Cuando María Mamani Mamani intentó radicar la denuncia de paradero en las dependencias policiales de Malagueño, fue rechazada en sucesivas oportunidades. La denuncia en territorio cordobés se formalizó recién el 29 de noviembre de 2025 —ocho días después del hecho—, impulsada por la intervención directa de la directora, docentes y estudiantes de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó ante la Unidad Judicial N.º 2.
Este valioso tiempo fue aprovechado por Cancio Tencuri Flores (también registrado en actuaciones procesales como Cancio Tincuri Flores), cuñado de Delicia y esposo de una de sus hermanas. Conocido como «El viajante», Tencuri Flores se presentó anticipadamente en la provincia de Jujuy y radicó una denuncia simulando ser el hermano de la joven. Tal como lo evidencian la investigación esta maniobra buscó intencionalmente dispersar las actuaciones, fragmentar la competencia territorial y direccionar la pesquisa hacia las provincias del norte y la frontera con Bolivia bajo la falacia de una huida espontánea.
La querella familiar, representada por las abogadas Natalia Lescano y Alina Dutto, denunció tempranamente que Tencuri Flores tenía antecedentes de sometimiento y violencia hacia la joven. En febrero de 2025, el hombre la había trasladado bajo presión a la provincia de Mendoza para trabajar en la cosecha de uva en condiciones de severa explotación laboral y reducción a la servidumbre, hecho advertido por sus compañeras de estudio al observar las secuelas físicas y las heridas en sus manos al regresar. Asimismo, la querella señaló que el sospechoso reclamaba el cobro de una supuesta deuda a la familia Mamani, habiendo amenazado con cobrársela mediante la entrega de la propia Delicia.
A pesar de la contundencia de estos elementos, la Justicia provincial de Córdoba tramitó el expediente durante seis meses como un mero «averiguación de paradero». Recién en mayo de 2026, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba resolvió que existían elementos suficientes para encuadrar la investigación en el fuero federal bajo la figura de trata de personas. La causa recayó en el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, con la intervención de la Fiscalía Federal N.º 2, a cargo del fiscal Carlos Casas Nóblega, y el auxilio especializado de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad también ofrecen un marco para analizar las barreras que enfrentan Delicia y su familia. Sus reglas 3 y 4 reconocen que factores como el género, la migración y la pobreza pueden dificultar el ejercicio pleno de los derechos ante el sistema judicial. Estas desigualdades exigen una respuesta institucional que garantice información accesible, trato digno y participación efectiva en la investigación, sin que la nacionalidad o la condición económica se conviertan en motivos de discriminación o desprotección.
Novedades de noviembre de 2026: nueva imputación por MASI y el pedido de captura internacional
Al aproximarse el primer aniversario de la desaparición, las novedades procesales confirman la gravedad de la trama investigada, aunque no han logrado traducir los avances formales en la localización de la víctima ni en la detención de los sospechosos.
En el comunicado de prensa difundido el 11 de noviembre de 2026 por la representación legal de la familia, las abogadas Natalia Lescano y Alina Dutto informaron que la Fiscalía Federal N.º 2 de Córdoba amplió formalmente el requerimiento de instrucción contra Cancio Tencuri Flores. La medida obedece a la incorporación de un nuevo hecho penal: la presunta tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), detectado tras las pericias realizadas sobre un dispositivo electrónico secuestrado durante los allanamientos de la causa.
Este hallazgo derivó en una nueva imputación penal y en la orden de profundizar el análisis informático para establecer el origen de las imágenes, sus ramificaciones y la eventual participación de terceros. La representación legal enfatizó que la Justicia debe investigar si existe alguna vinculación entre este hecho y la desaparición de Delicia, extremo que hasta el momento no se encuentra judicialmente acreditado.
Asimismo, la querella y el juzgado confirmaron que sobre Cancio Tencuri Flores pesa una orden de detención y averiguación de paradero nacional e internacional con alerta de Interpol, manteniéndose en calidad de prófugo de la justicia. Respecto de la pista transnacional, el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba ordenó disponer con carácter de «muy urgente» los mecanismos de cooperación jurídica internacional con el Estado Plurinacional de Bolivia a fin de coordinar acciones con las autoridades de dicho país y lograr la captura del imputado.
El reporte del 11 de noviembre precisa además que el Juzgado Federal reiteró requerimientos de carácter «muy urgente» dirigidos a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), exigiendo precisar las medidas de protección implementadas para los niños, niñas y adolescentes del grupo familiar de Delicia, quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad social y económica.
Junto a Tencuri Flores, la causa mantiene bajo investigación a una cuñada del prófugo como presunta cómplice en las maniobras de captación y traslado.
Vacíos, opacidad y tensiones en el curso de la investigación
A pesar de las resoluciones firmadas en los estrados judiciales, la investigación muestra severas fisuras, demoras insostenibles y una opacidad que genera malestar entre las organizaciones acompañantes.
Según la investigación existen registros de cámaras de seguridad de una terminal de ómnibus que permitirían verificar que uno de los imputados trasladó a Delicia desde Bolivia hacia la Argentina durante el mes de mayo. No obstante, esos archivos de video fundamentales para sostener la hipótesis de la trata transnacional aún no han sido incorporados formalmente al expediente principal debido a dilaciones burocráticas y desidia administrativa.
Un segundo factor de opacidad radica en el mantenimiento estricto del secreto de sumario. La representación legal de la familia ha cuestionado que el hermetismo judicial cercene el acceso pleno a los legajos de prueba y dificulte el seguimiento de las medidas dispuestas respecto de los sospechosos.
Asimismo, salió a la luz la existencia de un desentendimiento institucional —denominado en el ámbito social como un «teléfono descompuesto»— entre los diversos estamentos involucrados: la querella particular, las organizaciones feministas y campesinas de Argentina y Bolivia, la Defensoría del Pueblo, el Consulado de Bolivia y el sargento investigador boliviano Alejandro Mamani. A esta fragmentación se suma la profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra la madre de la joven, María Mamani Mamani, cuyo desgastante derrotero ante la burocracia estatal amenaza con apartarla del seguimiento cotidiano de la causa.
Violencia institucional en el Colegio Carbó: bandera descolgada y persecución a la ESI
El tratamiento del caso por parte del gobierno de la provincia de Córdoba y las autoridades educativas evidencia la incomodidad institucional que genera la denuncia del racismo y la trata en democracia.
El 27 de abril de 2026, el gobernador Martín Llaryora visitó las instalaciones de la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó para inaugurar el servicio de comedor PAICor en el nivel primario, en el marco de la campaña para las elecciones provinciales. En las horas previas al arribo de la comitiva oficial, las autoridades dispusieron el retiro de la bandera que colgaba en el balcón del establecimiento con la consigna «¿Dónde está Delicia?», buscando silenciar el reclamo y evitar una exposición pública de la insensibilidad gubernamental frente a las cámaras de televisión.
Tras el retiro de la insignia, docentes y estudiantes presentaron notas exigiendo restituir el cartel de visibilización. Poco tiempo después, la entonces directora del establecimiento, Marcela Quevedo, dejó su cargo institucional para asumir un ascenso como Directora de Nivel Superior dentro del Ministerio de Educación provincial. La promoción de Quevedo despertó fuertes cuestionamientos jurídicos y políticos, ya que la docente ejercía el cargo directivo de forma suplente (con reserva hasta marzo de 2027), condición estatutaria que impide reglamentariamente realizar comisiones o ascensos de jerarquía.
Paralelamente, docentes de la institución como la Lic. Mara Romero Lescano y Laura Pérez denunciaron la existencia de medidas persecutorias y trabas administrativas dirigidas a obturar la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y a desincentivar la participación de la comunidad educativa en las marchas de reclamo. Las educadoras señalaron que el vaciamiento de contenidos transversales en la formación docente responde a un ajuste tecnocrático que vulnera los marcos de protección de derechos de niñeces y adolescentes en las aulas.
Frente a este escenario, docentes organizados en UEPC Capital impulsan una propuesta de sensibilización y trabajo pedagógico para los niveles primario y secundario, al cumplirse un año de la exigencia de aparición con vida de Delicia. La iniciativa busca convertir el caso en una instancia de reflexión sobre la trata de personas, la violencia de género, la xenofobia y los derechos de las mujeres migrantes. Entre las actividades propuestas se encuentran la elaboración de un mural colectivo bajo la consigna «Ninguna vida vale menos», un juego cooperativo denominado «Redes que protegen», orientado a la prevención de la trata, y una propuesta de teatro de sombras y postales interculturales titulada «Que se escuchen todas las voces».
La propuesta parte de reconocer a la escuela como un espacio de memoria, cuidado y participación, sin sustituir las responsabilidades de la investigación judicial. También plantea la necesidad de cuestionar los prejuicios que pueden minimizar la desaparición de una mujer migrante, promover redes comunitarias de protección y garantizar que la búsqueda y el acceso a la justicia no dependan de la nacionalidad ni de la condición económica. Las actividades contemplan el respeto por la identidad cultural boliviana y evitan responsabilizar a las víctimas por las situaciones de explotación.
Las preguntas que la Justicia sigue sin responder
A doce meses de la desaparición, el expediente judicial acumula fojas pero carece de certezas materiales sobre el destino de la estudiante originaria. La trama institucional deja al desnudo interrogantes fundamentales que exigen respuesta inmediata:
-¿Por qué el sistema judicial cordobés dilató seis meses el pase de la causa al fuero federal, ignorando las denuncias de trata de personas formuladas por la querella desde diciembre de 2025?
-¿Cómo se explica que Cancio Tencuri Flores continúe prófugo de la justicia a casi un año del hecho, contando con orden de captura internacional de Interpol y habiendo tramitado impunemente una denuncia falsa en Jujuy?
-¿Qué medidas concretas se adoptaron para incorporar formalmente los registros fílmicos de las terminales de ómnibus que constatan los traslados transnacionales entre Bolivia y la Argentina?
-¿Cuál es la vinculación concreta entre el material de abuso sexual infantil (MASI) secuestrado en los dispositivos del imputado y la estructura de captación de la que fue víctima Delicia?
-¿Por qué el gobierno provincial priorizó remover la bandera de reclamo en el Colegio Carbó y promover administrativamente a las autoridades del plantel antes que destinar los recursos del Estado a la búsqueda efectiva de la joven?
Delicia y el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias
El caso formó parte de las demandas que atraviesan el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se realizó en Córdoba los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026. La propia organización del Encuentro incorporó entre sus consignas el reclamo por la aparición de Delicia. La Comisión Organizadora ya había reclamado públicamente por la aparición de Delicia en distintas actividades realizadas durante el año y volvió a incluir su caso entre las demandas del Encuentro.
Exigencia de verdad y justicia: encontrar a Delicia con vida
La desaparición de Delicia Mamani Mamani pone al descubierto el funcionamiento de un sistema judicial que desvaloriza las vidas de las mujeres Indígenas, pobres y migrantes. Cuando una estudiante originaria falta de su aula, el aparato estatal responde con lentitud, trabas jurisdiccionales y silencio.
El marco normativo argentino establece herramientas para abordar estas problemáticas: las leyes 26.364 y 26.842, sobre prevención y sanción de la trata de personas; la Ley 23.592, contra actos discriminatorios; la Ley 25.871, de Migraciones; y la Ley 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Estas normas deben orientar una respuesta estatal que garantice protección, investigación y acceso a la justicia sin discriminación.
Como remarca la gacetilla difundida por su representación legal el 11 de noviembre, «Delicia no es solamente un nombre dentro de un expediente. Es una mujer que falta, una hija y una hermana que continúa siendo esperada». Las imputaciones formuladas a los sospechosos y la cooperación internacional con Bolivia son pasos formales necesarios, pero resultan insuficientes mientras Delicia no aparezca.
El primer aniversario de su desaparición exige romper el secreto de sumario, agilizar los peritajes informáticos pendientes, ejecutar de forma efectiva las órdenes de captura internacional y coordinar sin demoras la búsqueda en el territorio transnacional.
Encontrar a Delicia con vida, conocer toda la verdad y encarcelar a la totalidad de los responsables materiales y cómplices institucionales son los mandatos impostergables que la sociedad y el activismo antirracista le demandan a la Justicia.
Para brindar información anónima sobre el paradero de Delicia Mamani Mamani: Fiscalía Federal N.º 2 de Córdoba: Teléfono 351 568-3907 (en horario de atención judicial).
Línea 145 (Trata de personas): Gratuita, las 24 horas, los 365 días del año.




