La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense y el rechazo a los centros de datos constituyen un duro golpe para Donald Trump y sus aliados multimillonarios. Las caídas de las acciones tecnológicas exponen, además, las contradicciones financieras de la expansión de la inteligencia artificial. Mientras las corporaciones buscan nuevos territorios para sus inversiones, Milei ofrece Argentina con el RIGI y el proyecto de Súper RIGI. Red Eco Alternativo

(Adrián Flores para Red Eco) Estados Unidos – La derrota contundente para Trump en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, además de expresar un repudio a las políticas de su administración, presenta otro resultadoespecialmente significativo: el rechazo ciudadano a la expansión de los centros de datos, una de las apuestas estratégicas del bloque político y económico que sostiene a Trump.

De las 41 medidas locales sobre centros de datos votadas ese día, 40 favorecieron restricciones, prohibiciones o mayores controles. En Alhambra, California, el 82% respaldó la prohibición de estas instalaciones; en Edgewater, Florida, la falta de aceptación a nuevas construcciones alcanzó el 77%. En conjunto, las medidas expresaron una resistencia territorial que alcanzó a diez estados.

La derrota republicana y este rechazo a los megaproyectos tecnológicos forman parte de una misma coyuntura política: el cuestionamiento a una alianza que reúne a la ultraderecha, el capital financiero y los multimillonarios tecnológicos.

La nube tiene dueño, consume recursos y necesita territorios

La resistencia a los centros de datos permite observar una de las contradicciones centrales del capitalismo tecnológico.

La inteligencia artificial se presenta como una revolución inmaterial, alojada en la nube. Sin embargo, su funcionamiento depende de una infraestructura material gigantesca: edificios repletos de servidores, minerales, redes de transmisión, enormes cantidades de electricidad y agua para refrigerar los equipos.

La carrera por dominar este mercado no es solamente una competencia científica. Es también una disputa por el control de recursos estratégicos y por la apropiación de la riqueza que genera su utilización.

Las corporaciones buscan energía barata, disponibilidad de agua, suelo, beneficios fiscales y gobiernos que garanticen condiciones favorables. Las comunidades, en cambio, enfrentan la presión sobre sus fuentes de agua, el incremento de la demanda eléctrica, la transformación de sus territorios y los costos de infraestructura que muchas veces terminan socializándose.

No se trata de rechazar los avances tecnológicos. Se trata de discutir quién los controla, para qué se desarrollan y quién paga su expansión. El conocimiento y la capacidad de procesamiento quedan concentrados en unas pocas compañías, mientras los territorios aportan los bienes comunes necesarios para sostener sus negocios.

Las denuncias de las comunidades donde ya funcionan

Las advertencias no son hipotéticas. En regiones donde los centros de datos llevan años funcionando, vecinos y organizaciones ambientales vienen denunciando sus consecuencias sobre la vida cotidiana y los bienes comunes.

En The Dalles, Oregón, donde Google opera varios centros de datos desde 2006, organizaciones ambientalistas y habitantes cuestionan el enorme consumo de agua y la falta de transparencia sobre los acuerdos entre la empresa y el municipio. Según datos oficiales analizados por la radio pública OPB, Google utilizó más de 434 millones de galones de agua en 2024, alrededor de un tercio del consumo total de la ciudad. Las denuncias también apuntan a la presión sobre las fuentes de abastecimiento y a las dificultades de la población para acceder a información sobre los contratos y las prioridades de uso durante períodos de sequía.

En el norte de Virginia, unas de las mayores concentraciones de centros de datos del mundo, organizaciones vecinales y ambientalistas denuncian el ruido permanente de los sistemas de refrigeración y los generadores, el consumo de agua y electricidad y la expansión de estas instalaciones sobre zonas residenciales y rurales. En Prince William County, asociaciones vecinales llegaron a presentar reclamos formales por el ruido industrial durante las 24 horas. En otros puntos del estado, las protestas lograron frenar proyectos que pretendían instalarse cerca de viviendas.

Estos testimonios muestran que detrás de las promesas de innovación y crecimiento económico existe una realidad que las comunidades conocen de primera mano: la infraestructura tecnológica puede alterar sus condiciones de vida, presionar los recursos locales y avanzar sin suficiente información ni participación popular

Wall Street acusa el golpe: una burbuja con pies de barro

La dimensión económica de esta disputa quedó expuesta inmediatamente después de las elecciones. El jueves 5 de noviembre, Wall Street sufrió una fuerte caída, con un desplome del 5,5% del Nasdaq y del 4,4% del S&P 500. El índice de semiconductores cayó alrededor del 12%, mientras Nvidia perdió un 9% y AMD retrocedió un 17%. El Nasdaq llegó a entrar en territorio de corrección, acumulando una caída superior al 10% desde su máximo de octubre.

Los mercados reaccionaron, entre otros factores, ante el temor de que el avance demócrata en el Congreso y en los gobiernos estatales derive en mayores controles, demoras y restricciones para construir centros de datos. Las acciones de empresas dedicadas a esta infraestructura también sufrieron fuertes pérdidas

Pero el desplome bursátil no se explica solamente por la cuestión electoral. También refleja una preocupación creciente por la rentabilidad de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial.

El Banco de Pagos Internacionales viene advirtiendo sobre los riesgos de esta expansión: inversiones financiadas cada vez más con deuda, acuerdos financieros complejos y compromisos cruzados entre fabricantes de chips, empresas de infraestructura y proveedores de servicios de inteligencia artificial. En julio de 2026, un documento de investigación de esa institución analizó cómo la competencia por dominar el mercado puede producir sobreinversión y generar las condiciones para una crisis financiera si los ingresos esperados no se concretan.

La posibilidad de una burbuja especulativa ya forma parte del debate económico internacional. Se construye infraestructura a una velocidad extraordinaria sobre la expectativa de una demanda futura que todavía debe demostrar su capacidad para generar ganancias suficientes.

La contradicción es profunda: mientras los capitales especulan con las ganancias futuras, los territorios deben comprometer recursos reales y escasos. Si la rentabilidad prometida no aparece, los inversores pueden retirar o reorganizar sus capitales, pero las comunidades pueden quedar con instalaciones sobredimensionadas, infraestructura costosa y pasivos ambientales.

América Latina en la mira: Milei ofrece el territorio

Las restricciones sociales y políticas en Estados Unidos pueden incrementar la presión de las corporaciones para encontrar nuevos destinos donde expandir sus inversiones. No existe un traslado automático de los proyectos rechazados hacia América Latina, pero la región reúne recursos energéticos, agua y territorios que despiertan el interés de una industria en plena expansión.

Argentina forma parte de esa disputa. Javier Milei busca convertir al país en un destino privilegiado para los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial, ofreciendo recursos naturales y beneficios extraordinarios a los grandes capitales extranjeros.

El caso de Stargate Argentina permite dimensionar esta apuesta. En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy anunciaron una carta de intención para desarrollar un centro de datos de hasta 500 megavatios, con una inversión potencial de 25.000 millones de dólares.

Sin embargo, un año después no se registraban avances concretos ni inversiones, y tampoco se había presentado formalmente la adhesión del proyecto al RIGI. La propia OpenAI aclaró que su papel sería el de un posible comprador de capacidad de procesamiento, mientras Sur Energy debía reunir a los inversores y desarrollar la infraestructura.

El anuncio, de todos modos, expresa la orientación del Gobierno: ofrecer al país como plataforma para una industria que necesita enormes cantidades de energía y agua, sin que exista todavía una discusión pública suficiente sobre sus consecuencias territoriales, económicas y ambientales.

A esta estrategia se suma el proyecto de Súper RIGI, destinado a atraer megaproyectos de nuevas industrias, entre ellas los centros de datos de inteligencia artificial, los semiconductores y el hidrógeno. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio de 2026 y continúa pendiente de aprobación en el Senado. Propone beneficios fiscales y aduaneros extraordinarios y estabilidad normativa por 30 años para inversiones de gran escala.

La pregunta es ¿qué recibe la sociedad a cambio de semejantes concesiones? ¿Cuánto empleo permanente se generará? ¿Qué conocimiento y desarrollo tecnológico quedarán en el país? ¿De dónde saldrán el agua y la electricidad? ¿Quién pagará las obras de infraestructura y quién responderá por los daños ambientales?

El Estado se dispone a competir por atraer capitales, incluso a costa de resignar recursos fiscales y capacidad de regulación, mientras las comunidades todavía no cuentan con garantías suficientes.

La disputa por la inteligencia artificial no es una discusión abstracta sobre el futuro. Es una disputa por el agua, la energía, el territorio, el conocimiento y la riqueza social.

El retroceso del trumpismo puede convertirse en una señal de cambio de etapa internacional. En nuestro continente, donde los gobiernos buscan competir ofreciendo los bienes comunes como mercancía, la tarea es construir una respuesta colectiva. No para elegir quién administra la entrega, sino para que sean los pueblos quienes decidan sobre sus territorios y las mayorías trabajadoras puedan disputar el rumbo de la sociedad.