Bajo esta consigna, la Organización de Comunidades y Pueblos Originarios (ORCOPO) convocó a una marcha y contrafestejo para este lunes 12 de octubre, a las 18, en Plaza de los Dos Congresos. La jornada de lucha denunciará el avance de los desalojos, la criminalización de las comunidades indígenas, la extranjerización de la tierra, los proyectos extractivistas, la entrega, el saqueo y el despojo, en un escenario de creciente conflictividad territorial luego del reciente fallo de la Corte Suprema. Por ANRed.

La convocatoria se da en el marco de la confirmación judicial del desalojo de la Lof Inalef, en Río Negro, y una nueva amenaza contra la Lof Melo, en Neuquén. Ambos casos se suman a otros conflictos territoriales que atraviesan comunidades originarias en distintas regiones del país y que, para las organizaciones indígenas, evidencian una ofensiva sobre sus territorios en paralelo con el desmantelamiento de herramientas de protección y la reactivación de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. También exigen justicia por Rafael Nahuel y libertad para quienes permanecen detenidos por luchar.

Entre sus principales consignas, el contrafestejo busca articular la defensa territorial con el rechazo a la persecución judicial y a los emprendimientos que avanzan sobre bienes comunes: “Abajo la Ley Antiterrorista (usada para perseguir y desalojar a nuestrxs hermanxs)”, “No a la Ley de Extranjerización de la Tierra”, “No a la derogación de la Ley de Glaciares”, “Rechazo total al RIGI y Super RIGI”, “¡Justicia por Rafael Nahuel y por todxs nuestrxs muertxs!” y “¡Libertad a lxs hermanxs presxs por luchar!”.

La convocatoria se produce en medio de una nueva escalada de amenazas de desalojo contra comunidades originarias en diferentes puntos del país. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Aunque el máximo tribunal fundamentó su resolución en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para promover la demanda y no resolvió la constitucionalidad del decreto, su decisión volvió a dejar sin efecto los límites específicos a la extranjerización establecidos por la ley.

Luego, ante la fuerte polémica y rechazo a la medida, la misma Corte dictó el pasado viernes 9 de octubre de 2026 una medida cautelar interina que suspende provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/23 (el cual había derogado la Ley de Tierras Rurales), por lo que vuelven a regir temporalmente los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin embargo, se volvió a instalar una segunda ola de intentos de desalojos contra comunidades originarias de todo el país.

Uno de los casos más recientes es el de la Lof Inalef, ubicada en la Rinconada de Inalef, paraje Mallín Ahogado, en El Bolsón, Río Negro. El 7 de octubre, la comunidad informó que la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche confirmó la sentencia que ordena el desalojo de su territorio. La Lof cuestionó también las falencias de su primera defensa técnica y anunció que continuará presentando recursos judiciales para sostener su permanencia. El conflicto se inscribe en una disputa de larga data por tierras que la comunidad reivindica como ancestrales, cuya posesión fue reconocida por organismos provinciales en antecedentes del expediente.

En Neuquén, la Lof Melo denunció una nueva orden de desalojo sobre el territorio que habita en el lote 42, en el paraje Pedregoso, dentro del área del Parque Nacional Nahuel Huapi. La orden tenía fecha para el viernes 9, por lo que la comunidad convocó a organizaciones sociales, comunidades mapuche, partidos políticos y sindicatos a realizar manifestaciones pacíficas en distintos puntos de la provincia. La nueva amenaza ocurre después de los conflictos que atravesaron las lof Melo y Kinxikew en Villa La Angostura durante agosto.

La ofensiva territorial no se limita a la Patagonia. En Jujuy, la Comunidad Indígena Las Capillas, perteneciente al pueblo Ocloya, volvió a quedar expuesta a la persecución judicial después de que la Corte Suprema provincial revocara el sobreseimiento de integrantes de la comunidad. En Antigal de Juella, una familia indígena también enfrentó una nueva amenaza de desalojo. Mientras tanto, en Catamarca, la comunidad diaguita de Peñas Negras denunció hostigamientos, amenazas y la presencia de personal vinculado a la actividad minera dentro de su territorio.

La convocatoria también recupera conflictos históricos vinculados con el avance inmobiliario y la destrucción del patrimonio indígena. En la provincia de Buenos Aires, la comunidad de Punta Querandí reclama a Nordelta la reparación por la destrucción de enterratorios indígenas, mientras organizaciones de pueblos originarios denuncian que la expansión de emprendimientos inmobiliarios y extractivos avanza sobre territorios y sitios de memoria. En Misiones, comunidades campesinas e indígenas denunciaron golpizas, detenciones arbitrarias y una escalada de violencia asociada a la empresa forestal Arauco.

En ese escenario, el contrafestejo del 12 de Octubre busca reunir reclamos que las organizaciones entienden como parte de una misma disputa: la defensa del territorio, el rechazo a la extranjerización de la tierra y la resistencia frente a proyectos mineros, hidrocarburíferos y forestales. La exigencia de derogar la Ley Antiterrorista expresa, además, la denuncia sobre el uso de figuras penales para perseguir a quienes se organizan y resisten desalojos. Mientras que la consigna por Rafael Nahuel vuelve a poner en primer plano la violencia estatal contra el pueblo mapuche y la demanda de justicia por los asesinatos y las represiones vinculados a los conflictos territoriales.

A más cinco siglos (534 años) de la Conquista y genocidio de los pueblos originarios, la fecha vuelve a convertirse en un escenario de disputa política y de memoria, verdad y justicia frente al despojo, la criminalización y el avance extractivo, y para la defensa de los territorios y de los bienes comunes en las calles.