El Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven relevó, a partir del análisis de medios, que entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista: 167 femicidios directos, 20 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios/transfemicidios. Estas cifras indican que hubo una víctima letal cada 33 horas. Además de 306 intentos de femicidio, es decir 1 cada 25 horas.

Según el relevamiento, 64% de los agresores eran parejas (41,5%) o exparejas (22,5%) de las víctimas. En el 41% de los casos, el hecho ocurrió en la vivienda de la víctima; en el 23,5% en la vivienda compartida, y en el 19,5% en la vía pública.
El 29% de las víctimas fue asesinada con arma blanca, el 26,5% con arma de fuego, el 13,5% por asfixia, y el 12,5% a golpes.

A su vez, en lo que va del año al menos 202 niñxs perdieron a sus madres.

El 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa ante la justicia, y el 8,5% tenía al menos una medida judicial.

En cuanto a la incidencia de los casos por provincia en base a la población de mujeres según datos del Censo 2022, en Catamarca se produjo 2,29 casos cada 100.000 mujeres, seguida de Santiago del Estero (1,87), Santa Fe (1,8), La Rioja (1,52), Salta (1,49) y Jujuy (1,46).

Desde el Observatorio advierten que “el recrudecimiento de las violencias de género ocurre mientras Milei profundiza el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenirlas. El presupuesto 2027 enviado al Congreso no contempla partidas para programas fundamentales como la Línea 144 y Acompañar. También están en riesgo herramientas fundamentales de la Justicia para investigar y sancionar las violencias de género. La Corte Suprema debe resolver el planteo de la defensa de Andrés Di Césare, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016. Julieta tenía 21 años y estaba embarazada. La resolución podría restringir la aplicación de la figura de femicidio a los asesinatos cometidos por parejas o exparejas.
Esto pondría en riesgo el reconocimiento como femicidio de crímenes cometidos por razones de género cuando no exista ese vínculo o no pueda acreditarse. No se trata solo del caso de Julieta: está en juego cómo la Justicia reconoce, investiga y sanciona los femicidios en nuestro país. Mientras tanto, siguen fallando las respuestas que deberían proteger a las víctimas. En septiembre, Mónica Ligorria, de 49 años, fue asesinada por su expareja, Hernán Ayerbe, en Pilar. Había denunciado varias veces lo que estaba viviendo y, cuando volvió a denunciar que él tenía un arma, no quisieron tomarle la denuncia. Tenía una perimetral y un botón antipánico. En la comisaría le dijeron: ‘Hacé vida normal, la perimetral la tiene él’. Días después, Ayerbe la asesinó. Mónica había pedido ayuda. Justicia para Mónica. El Estado es RESPONSABLE”.